El Estado peruano lanza un enfoque integral para eliminar la minería ilegal.
La minería ilegal es uno de los principales retos que enfrenta el Perú. Esta actividad no solo deteriora el medio ambiente y explota los recursos minerales, sino que también está vinculada a otros delitos graves, como la trata de personas, el lavado de dinero y la corrupción. Combatirla es complejo debido a sus lazos con redes criminales organizadas.
Hasta el momento, los esfuerzos del Estado no han sido suficientes. El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), por ejemplo, ha demostrado ser ineficaz, con más de 80,000 inscritos y apenas 2,081 formalizados. Además, aunque se han realizado más de 570 operativos en lo que va del 2024, las estructuras que sostienen esta actividad ilícita se mantienen intactas.
Frente a esta realidad, el pasado 12 de septiembre se presentó una nueva propuesta de la Estrategia Nacional de Interdicción de la Minería Ilegal, bajo la coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Esta estrategia, que fue presentada ante la Comisión Multisectorial dedicada al tema, incluye a diversos sectores del Estado, como el Poder Judicial y el Ministerio Público. El general retirado Rodolfo García Esquerre, alto comisionado encargado de liderar esta lucha, señaló que con este enfoque integral se busca atacar la raíz del problema.
Siete pilares clave
El nuevo enfoque está basado en siete pilares que buscan ofrecer una solución integral al problema. Los dos primeros están centrados en mejorar los operativos y en incentivar la formalización minera, con mayor presencia de fiscalías especializadas a nivel nacional y apoyos para que los mineros accedan a crédito y tecnología.
El tercer eje plantea el desarrollo de economías alternativas para las comunidades locales, mientras que el cuarto busca establecer mecanismos para controlar los insumos que alimentan la minería ilegal.
El quinto pilar se enfoca en fortalecer la institucionalidad, dotando de mayores recursos a las fiscalías especializadas y a las direcciones regionales de energía y minas. Los últimos dos pilares proponen impulsar la bancarización y aumentar el control sobre la comercialización y exportación de los productos mineros.
Sin embargo, como resaltó García Esquerre, el éxito de la estrategia depende del compromiso político de todos los actores involucrados. «Para que este nuevo enfoque tenga impacto, es necesario contar con un marco legal sólido, el respaldo de los tres poderes del Estado y el apoyo de la sociedad», indicó.
Próximos pasos
Se espera que la actualización de la Estrategia Nacional de Interdicción de la Minería Ilegal esté lista para finales de septiembre. En su diseño participaron 16 instituciones, que realizaron investigaciones en distintas regiones del país. Luego, la propuesta será evaluada por la comisión multisectorial.
Las expectativas para este nuevo enfoque son elevadas, ya que va más allá de los operativos de interdicción tradicionales. La incorporación de entidades como la Sunat y la Sucamec en las interdicciones refleja esta visión más amplia. «Con la colaboración de los tres poderes del Estado, el sector privado y la sociedad civil, la minería ilegal puede ser erradicada», afirmó el comisionado.
Una respuesta coordinada
El 16 de enero de 2024 se instaló la “Comisión Multisectorial de carácter permanente” para monitorear el proceso de formalización minera y las acciones dirigidas a erradicar la minería ilegal y recuperar el medio ambiente. Esta comisión incluye a la Presidencia del Consejo de Ministros, diversos ministerios, la Sunat, la Sunarp y representantes del Poder Judicial y el Ministerio Público.
Gustavo Adrianzén - Presidente del Consejo de Ministros
Desde tiempos prehispánicos, el Perú ha sido una tierra rica en minerales. Sin embargo, en lugar de ser utilizados para el bienestar del país, una parte de estos recursos está siendo explotada por mineros ilegales en complicidad con organizaciones criminales.
El Registro Integral de Formalización Minera, lejos de ser una solución, ha permitido que miles de mineros continúen operando al margen de la ley, sin cumplir la promesa de formalización.
Frente a esta situación, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha impulsado la creación de una comisión multisectorial, que ha dado origen a una propuesta concreta: un nuevo enfoque integral para la Estrategia Nacional de Interdicción de la Minería Ilegal. Este nuevo enfoque apunta a combatir todos los aspectos de esta actividad ilícita.
Es posible imaginar un Perú libre de la devastación causada por la minería ilegal en zonas como La Pampa en Madre de Dios o Pataz en La Libertad, pero se requiere el compromiso de los tres poderes del Estado, el sector privado y la sociedad civil. Es momento de unirse en esta lucha.
