El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inadmisible la demanda de competencia presentada por el Gobierno de Dina Boluarte contra el Poder Judicial y el Ministerio Público. La demanda fue rechazada debido a un error significativo de los abogados del Poder Ejecutivo, quienes presentaron una autorización para interponer una demanda de inconstitucionalidad en lugar de una demanda de competencia. Según la normativa legal vigente, la presentación de una demanda por parte de la presidencia de la República requiere la aprobación del Consejo de Ministros. Sin embargo, el TC señaló que la presidenta Dina Boluarte designó al presidente del Consejo de Ministros para que presentara una demanda de inconstitucionalidad, lo que significa que no existe una autorización expresa de la titular del Poder Ejecutivo para que el presidente del Consejo de Ministros interponga una demanda de competencia.
El TC ha concedido al Poder Ejecutivo un plazo no mayor de cinco días para subsanar el error, de lo contrario, la demanda será archivada de manera definitiva. El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, informó que la demanda competencial presentada por el Ejecutivo tiene como objetivo que el TC defina bajo qué circunstancias un jefe de Estado puede ser acusado. Adrianzén recordó que, de acuerdo con el artículo 117 de la Constitución Política del Perú, esa acusación solo puede darse bajo las razones contenidas en el texto constitucional.
El jefe del Gabinete Ministerial subrayó que esta demanda está pensada en los presidentes futuros, a fin de que sus funciones constitucionales no se vean mermadas ante los llamados de la Fiscalía. Hasta el año 2022, el Poder Judicial y el Ministerio Público nunca investigaron ni procesaron a un presidente de la República en el ejercicio de sus funciones, al considerar que esto está prohibido en la Constitución. Sin embargo, a partir del mandato del expresidente Pedro Castillo, se cambió la jurisprudencia y se consideró que sí es posible investigar a un presidente. Esto ha generado que actualmente, la presidenta Dina Boluarte enfrente hasta siete investigaciones por presuntos delitos de violación de derechos humanos y corrupción cometidos en el ejercicio de sus funciones, lo que la obliga a estar constantemente asistiendo a la fiscalía para brindar declaraciones indagatorias.
