Vladimir Cerrón, fundador del partido político Perú Libre, acumula cerca de 26 casos ante la justicia, entre investigaciones, procesos judiciales y sentencias, por diversos delitos vinculados con actos de corrupción, presunto crimen organizado y lavado de activos. A pesar de estar prófugo de la justicia desde hace un año y tres meses, Cerrón ha sido declarado reo contumaz en un nuevo juicio oral donde es acusado por el delito de colusión agravada.
El Poder Judicial decidió mantener la orden de captura dispuesta contra Cerrón en el caso Aeródromo Wanka, donde fue sentenciado a tres años y seis meses de pena efectiva. Aunque el Tribunal Constitucional anuló esta sentencia, la Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Junín rechazó el pedido de Cerrón para levantar la orden de captura. Además, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró nula la resolución que impuso 18 meses de prisión preventiva a Cerrón en el caso Antalsis, por delito de colusión agravada y otros, y dispuso que otro juez vuelva a evaluar la solicitud de la fiscalía.
En el caso del Aeródromo Wanka, Cerrón fue sentenciado por colusión agravada debido a irregularidades en la adjudicación de la obra. La sentencia fue anulada por el Tribunal Constitucional, pero la orden de captura se mantuvo. En el caso Antalsis, Cerrón es acusado de colusión agravada y otros delitos relacionados con la contratación de la empresa española Antalsis para la ejecución de obras públicas en Junín. La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró nula la resolución que impuso 18 meses de prisión preventiva a Cerrón y dispuso que otro juez vuelva a evaluar la solicitud de la fiscalía.
Además de estos casos, Cerrón enfrenta otras investigaciones y procesos judiciales por delitos como lavado de activos, organización criminal y corrupción de funcionarios. En el caso de lavado de activos, Cerrón es investigado por presuntamente haber recibido dinero ilícito para financiar la campaña electoral de Perú Libre. En el caso de organización criminal, Cerrón es acusado de liderar una red de corrupción que operaba en el Gobierno Regional de Junín. En el caso de corrupción de funcionarios, Cerrón es investigado por presuntas irregularidades en la contratación de obras públicas y la adjudicación de contratos.
A pesar de las múltiples acusaciones y procesos judiciales en su contra, Cerrón ha mantenido su influencia política y continúa siendo una figura relevante en el partido Perú Libre. Sin embargo, su situación legal ha generado controversia y ha puesto en duda la integridad del sistema judicial peruano. La Procuraduría ha solicitado que Ollanta Humala y Nadine Heredia paguen S/20 millones de reparación civil por el perjuicio ocasionado al Estado, y la Corte Suprema ha rechazado nuevamente el pedido de Pedro Castillo para anular su prisión preventiva por el golpe de Estado.
