El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) ha prohibido la impresión de expedientes judiciales electrónicos en procesos no penales, así como la transcripción íntegra de audiencias que han sido grabadas en audio y video. La medida se adopta bajo responsabilidad funcional administrativa y con conocimiento de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. La disposición se encuentra detallada en la Resolución Administrativa N.° 000022-2025-CE-PJ, que ordena a la Subgerencia de Modernización, dependiente de la Gerencia de Modernización, Planeamiento y Presupuesto del Poder Judicial, elaborar en breve un documento de gestión interna.
Este documento deberá establecer medidas concretas para prevenir la impresión de expedientes digitales y la transcripción íntegra de audiencias grabadas. La decisión se basa en la detección de impresiones indebidas de expedientes electrónicos y la transcripción innecesaria de audiencias, lo que afecta la eficiencia del sistema de justicia y el uso de recursos. La medida busca evitar prácticas que representen un retroceso en el uso de tecnologías de la información.
El CEPJ ha resaltado la importancia de la digitalización en el sistema judicial peruano, destacando que la implementación de expedientes electrónicos ha permitido una mayor celeridad en los procesos judiciales y una reducción significativa en el uso de papel. La prohibición de la impresión de estos expedientes y la transcripción de audiencias grabadas en audio y video se enmarca en los esfuerzos por consolidar un sistema de justicia más eficiente y sostenible.
Además, se ha dispuesto que los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial adopten las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de esta disposición. Esto incluye la capacitación del personal en el uso de herramientas digitales y la implementación de sistemas de control para evitar la impresión y transcripción indebida de documentos electrónicos.
La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial será la encargada de supervisar el cumplimiento de esta medida y de aplicar las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento. Se espera que esta iniciativa contribuya a fortalecer la transparencia y eficiencia en el sistema judicial peruano, promoviendo el uso adecuado de las tecnologías de la información y comunicación.
