La Policía Nacional del Perú (PNP) ha incautado 117 inmuebles pertenecientes a 12 personas, entre ellas los excongresistas fujimoristas Joaquín y Osías Ramírez Gamarra, y el exsecretario de organización de Fuerza Popular, Pier Figari Mendoza. La orden de incautación fue emitida por el juez Víctor Zúñiga Urday y también incluye a Nancy Gallegos Vela, viuda del exrector de la Universidad Alas Peruanas (UAP), Fidel Ramírez Prado, y a sus hijas, Maribel y Nancy Ramírez Gallegos.
La Fiscalía de Lavado de Activos sostiene que Fidel Ramírez compraba o alquilaba inmuebles a Joaquín y Osías Ramírez para el funcionamiento de locales de la UAP mediante contratos leoninos. Para obtener respaldo político de Fuerza Popular, el clan Ramírez facilitó a Keiko Fujimori la transacción de un predio de 1,035 metros cuadrados en una zona exclusiva de Cieneguilla y simuló la contratación como asesor de Pier Figari.
Según la Fiscalía, Keiko Fujimori, los hermanos Joaquín y Osías Ramírez, Nancy Gallegos y sus hijas, y Pier Figari, son parte de una organización criminal que se benefició con la expoliación de los recursos de la universidad. En la orden judicial de incautación no aparece Keiko Fujimori porque, según la base de datos de Registros Públicos, no cuenta con predios a su nombre.
Otros involucrados en el caso de lavado son Rosa Castañeda Cubas, Marco Urteaga Cabrera, Yohny Ramírez Núñez, Harold Morales Rojas, Marcos Aponte Andrade y Edmond Jordan Montes. Edmond Jordan, quien se atribuye el papel de operador de Joaquín Ramírez, fue quien negoció con Keiko Fujimori la venta del inmueble de Cieneguilla.
La defensa de la UAP estima en 500 millones de soles el monto que el clan Ramírez y sus cómplices desfalcaron a la universidad. En abril de 2023, el juez Víctor Zúñiga dispuso la incautación de inmuebles de las 12 personas mencionadas, y también 41 inmuebles de la UAP. Sin embargo, la defensa de la universidad apeló la medida por considerarla arbitraria, por lo que una sala superior impuso al magistrado que individualizara las incautaciones. Mediante una nueva resolución, corrigió el defecto, ratificó la medida contra los bienes de la UAP e identificó a las personas cuyos inmuebles serían objeto de incautación.
En el caso del exsecretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, le fueron incautados 53 inmuebles inscritos a su nombre y de 8 de sus empresas, entre ellas Lima Ingeniería y Construcción. Durante la campaña presidencial de 6, Keiko Fujimori estableció su centro de operaciones en una residencia de la calle Bucaré, La Molina, que pertenecía a Lima Ingeniería y Construcción, parte de la red de lavado de Joaquín Ramírez, según la imputación de la Fiscalía.
La incautación también incluyó 54 inmuebles inscritos a nombre de las empresas Capricornio Import, Promotora Inmobiliaria Primavera, Promotora Juan Pablo II, Lima Ingeniería Construcción, Imporgraf, Mondreu, Norgrifo y Constructora Inmobiliaria Habitaria. En el caso de la viuda de Fidel Ramírez, Nancy Gallegos, y de sus hijas Maribel y Nancy Ramírez, el juez Zúñiga ordenó la incautación de 30 inmuebles. Respecto al excongresista Osías Ramírez Gamarra, hermano de Joaquín Ramírez Gamarra, se intervinieron 4 propiedades.
El juez Víctor Zúñiga basó su decisión en la acusación de la Fiscalía de Lavado de Activos, que señala que la organización criminal organizada presuntamente por Joaquín Ramírez contaba con el respaldo de un “brazo político” para consumar actos ilícitos, integrado por la presidenta de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el exsecretario general del partido, Pier Figari Mendoza.
La resolución judicial menciona que el «brazo político» estaba constituido por Keiko Fujimori y Pier Figari Mendoza, quienes habrían otorgado un blindaje político a través del impedimento de propuestas legislativas para crear instituciones que supervisen a las cooperativas y las universidades, de forma que la organización criminal pudiera seguir operando.
Joaquín Ramírez también financió la campaña presidencial de Keiko Fujimori con fondos obtenidos del desfalco a la UAP. La organización criminal contaba con un blindaje político por parte del partido Fuerza Popular, a cargo de Keiko Fujimori, quien a través de Joaquín Ramírez y Pier Figari obtenía los activos necesarios para su campaña, a cambio de blindar a la universidad de ser fiscalizada por el Congreso.
La orden de incautación también menciona una simulación de compra de un predio de Keiko Fujimori en Cieneguilla, adquirido por 144,946 dólares y vendido por 201,010 dólares, generando una ganancia de 80,000 dólares. Keiko Fujimori también aceptó de Joaquín Ramírez la cesión de un inmueble en la avenida Arequipa, en Miraflores, que pertenecía a una de las empresas de fachada del excongresista.
La defensa de la Universidad Alas Peruanas señaló que la decisión del juez Víctor Zúñiga es arbitraria porque la institución fue víctima del desfalco perpetrado por el clan Ramírez y recordó que fue la UAP la que denunció a los Ramírez. Por lo tanto, apelará la decisión del juez Zúñiga.
La defensa de la UAP también mencionó que en 20 años de actividad, la universidad generó ingresos por 1,600 millones de dólares, y que la suma de todos sus bienes no representa ni el 17% de ese monto. Esto lleva a concluir que no existe desbalance, una afirmación respaldada por los peritos del Ministerio Público. A pesar de esto, la UAP reiteró su intención de apelar la decisión del juez Zúñiga, argumentando que la universidad fue víctima de los actos ilícitos del clan Ramírez.
