A pocas horas del inicio del juicio oral contra Betssy Chávez, su abogado, Raúl Noblecilla Olaechea, conversó con La República y cuestionó la solidez de la acusación fiscal. Noblecilla afirmó que la imputación carece de fundamentos y se basa en una narrativa forzada, ya que no hubo alzamiento en armas ni planificación para ejecutar el mensaje de Pedro Castillo. Según el abogado, la participación de Chávez en la lectura del mensaje fue inexistente.
La Fiscalía solicita 25 años de prisión para Betssy Chávez por el delito de rebelión. Noblecilla argumentó que la acusación es vaga y forzada, y que no hay posibilidad de afirmar que hubo un alzamiento en armas o una grave perturbación que solo se consigue con la militarización de las calles. Lo que ocurrió, según él, fue simplemente la lectura de una proclama de una intención que nunca se materializó. No hay delito perseguible contra Betssy Chávez ni contra los demás coacusados.
El abogado también señaló que Betssy Chávez tomó conocimiento del mensaje de Pedro Castillo después de que este lo leyera. Noblecilla afirmó que se intenta hacer parecer una conspiración, pero una conspiración no puede ser de una persona con su almohada, necesita de varias personas. Integran a figuras principales como Chávez y Aníbal Torres para construir una narrativa donde supuestamente hay dos momentos: la preparación de la conspiración y la ejecución del mensaje del presidente. Tratan de involucrar a Betssy Chávez para darle sentido lógico a una acusación que es falsa. No hubo conspiración y, sin conspiración, mucho menos puede haber rebelión.
La Fiscalía menciona que sí habría elementos suficientes para demostrar que Betssy Chávez participó en esta planificación. Sin embargo, Noblecilla aseguró que se defenderán con la misma posición de la Fiscalía. El fiscal Terán cerró la investigación de manera repentina, a pesar de que quedaban diligencias y pericias pendientes, incluidas algunas propuestas por él mismo. Luego, fue trasladado a Arequipa en medio de problemas internos en la Fiscalía de la Nación. Esto muestra que hubo una intención apresurada de acusar sin pruebas concluyentes. La acusación se basa en testimonios que, al ser analizados, confirman la tesis de la defensa: Betssy Chávez no participó ni elaboró el discurso. No hay pruebas que la vinculen con la redacción del mensaje ni con la búsqueda de un decreto supremo para ejecutarlo.
Noblecilla también cuestionó la validez de las cámaras de seguridad y los intentos de grabar el mensaje como pruebas para la Fiscalía. Según él, no niegan en ningún momento la presencia de Chávez o que haya conversado con alguien, pero no hubo pericias de voz que la vinculen directamente con la redacción del mensaje o su ejecución. Además, la Fiscalía apresuró el cierre del caso en diciembre pasado sin completar todas las diligencias necesarias.
El abogado también mencionó que semanas antes del 7 de diciembre de 2022, el entorno de Pedro Castillo observaba el comportamiento de Dina Boluarte. Noblecilla afirmó que Boluarte se reunió en el hipódromo de Monterrico con empresarios y representantes del Congreso, lo que confirma la tesis de que se estaba gestando la caída de Pedro Castillo. Además, hubo reuniones con la embajada de Estados Unidos. Según Noblecilla, Boluarte se prestó a este juego con el respaldo de quienes querían garantizar su impunidad.
Noblecilla también afirmó que el mensaje de Pedro Castillo el 7 de diciembre no fue un golpe de Estado, sino el último intento de un demócrata por defender el voto del pueblo. Desde antes de asumir la presidencia, Castillo fue atacado con acusaciones infundadas y presionado para dejar el cargo. Su mensaje fue una respuesta a esa persecución. Desde una perspectiva legal, no hubo delito de rebelión, ya que para que exista rebelión debe haber un alzamiento en armas, lo cual nunca ocurrió.
Finalmente, Noblecilla mencionó que Betssy Chávez es una paciente bariátrica con problemas gástricos y que necesita una dieta especial que en el penal es imposible de proporcionar. Además, señaló que Chávez ha estado durmiendo en el piso al lado del silo durante muchos meses, lo que constituye un acto inhumano y de tortura. La defensa sostiene que la prisión preventiva de Chávez es injusta y que su estado de salud debe ser considerado en el juicio.
