Durante la segunda jornada del juicio por el intento de golpe de Estado, el expresidente Pedro Castillo protagonizó disturbios y lanzó insultos contra los fiscales que lo acusan de rebelión y solicitan una condena de 34 años. El tribunal le recordó que debe cumplir con las reglas judiciales y advirtió sobre posibles «medidas coercitivas» si continúa alterando el proceso. La audiencia de este jueves estuvo dedicada principalmente a los alegatos iniciales de las defensas de los acusados, incluyendo a Edgar Callahualpa Quispe, el abogado público de Castillo.
Pedro Castillo expresó públicamente su rechazo a los servicios de defensa pública, insistiendo en que su único delito fue «defender al pueblo». A pesar de varias interrupciones y su intención de abandonar la audiencia, el tribunal le recordó que debe cumplir con sus deberes procesales y no puede retirarse del juicio.
El expresidente Castillo, visiblemente frustrado, acusó a los fiscales de basarse en «tesis de Azángaro» y denunció la solicitud de 65 millones de soles en reparación civil por parte del Estado como una exageración. El tribunal reiteró que Castillo debe moderar su lenguaje y que cualquier declaración debe realizarla a través de su abogado.
Durante la audiencia, las defensas de los acusados presentaron sus argumentos iniciales, negando la participación en un plan golpista y cuestionando las pruebas presentadas. La defensa de Castillo argumentó que no se podrá probar el delito de rebelión debido a la falta de un alzamiento armado y que no existió coordinación previa para el mensaje golpista del 7 de diciembre.
Finalmente, se programaron siete audiencias para interrogar a los testigos clave, comenzando con altos mandos militares y exfuncionarios del Ministerio de Defensa. Las audiencias continuarán hasta el 25 de marzo y se espera un avance significativo en el juicio con la declaración de todos los testigos del Ministerio Público.
Los alegatos iniciales de las defensas de los acusados también destacaron que la acusación fiscal carece de pruebas suficientes para demostrar la existencia de un alzamiento armado y una coordinación previa al mensaje golpista. La defensa de Betssy Chávez, exministra y una de las acusadas, argumentó que no se puede establecer el delito de rebelión sin un alzamiento en armas y aseguró que no hay pruebas que vinculen a su defendida con un pacto golpista o con la elaboración del mensaje que leyó Pedro Castillo.
Por otro lado, la defensa de Willy Huerta, exministro del Interior, centró su argumentación en negar la existencia de pruebas que lo vinculen a un pacto golpista o a órdenes para ejecutarlo. Los policías Manuel Lozada y Jesús Venero también negaron haber dado órdenes para impedir el ingreso de congresistas al Palacio Legislativo.
Ante la negativa de los acusados y sus defensas, el tribunal dispuso avanzar con la citación de los primeros testigos que declararán en el juicio. Los primeros en ser llamados a testificar serán altos mandos militares y exfuncionarios del Ministerio de Defensa, quienes comparecerán en la audiencia del próximo martes. La sala también dispuso cancelar la audiencia prevista para este viernes 7 de marzo, ya que se requería más tiempo para citar a los declarantes.
El juicio se desarrolla en la sala de audiencias contigua al penal de Barbadillo, destinada a los juicios de expresidentes internados en dicho establecimiento. Los testigos serán citados en varias audiencias programadas hasta el 25 de marzo, entre ellos se encuentran exministros, congresistas y altos mandos militares y policiales.
Con estas audiencias, se espera avanzar significativamente en el juicio y obtener declaraciones cruciales que ayuden a esclarecer los hechos. La fiscalía sostiene que los acusados, aprovechando la condición de Pedro Castillo como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía, intentaron alzarse en armas contra el régimen constitucional, cerrar inconstitucionalmente el Congreso y establecer un gobierno por decreto.
