El Pleno del Congreso de la República aprobó recientemente un dictamen que busca impulsar la masificación del gas natural en el país. No obstante, el texto aprobado difiere de lo propuesto por el Poder Ejecutivo y por el sector energético, generando preocupación entre empresas e inversionistas.
Uno de los puntos más relevantes del dictamen es la creación de un mecanismo de compensación que permitiría establecer una tarifa nivelada de gas natural entre Lima y Callao y otras regiones del país. Sin embargo, el Congreso solo aprobó la nivelación de precios para usuarios regulados que consuman hasta 50,000 m³/mes, lo cual ha sido duramente cuestionado.
¿Qué implica esta decisión?
Según expertos, esta medida excluye a grandes consumidores como industrias, comercios de mayor escala y vehículos a GNV, que son claves para sustentar una expansión masiva del gas natural y el desarrollo de la infraestructura necesaria.
Promigas Perú, una de las empresas más activas en el rubro, advirtió que esta decisión pone en riesgo inversiones por más de US$ 6,000 millones para conectar a 5 millones de nuevos hogares. También se estaría limitando la demanda indispensable para justificar nuevas plantas, redes y ductos.
En declaraciones recogidas por el diario Gestión, Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), señaló que una tarifa única para todos los usuarios podría detonar inversiones conjuntas por US$ 6,000 millones en cinco años, de los cuales US$ 2,300 millones estarían ligados al desarrollo de plantas petroquímicas.
Desde Promigas concluyen que la medida desincentiva nuevas inversiones, perpetúa la centralización y aumenta la desigualdad energética en el país.
