Perú se ha consolidado como uno de los países más avanzados de la región en la regulación de los juegos de azar, destacando por su enfoque integral y firme liderado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Gracias a una legislación moderna, se han logrado avances importantes en protección al consumidor, transparencia operativa y fortalecimiento de la economía formal.
Con la entrada en vigencia de la Ley N.° 31557 en febrero de 2024, que regula las apuestas deportivas y los juegos en línea, el Perú se convirtió en el tercer país de América Latina en establecer un marco normativo específico para este sector. Desde entonces, se han autorizado 60 plataformas digitales, se han registrado 280 proveedores de servicios relacionados y se han acreditado 9 laboratorios internacionales de certificación.
Este marco ha impulsado la formalización del sector digital, generando un entorno de confianza para usuarios y operadores, al mismo tiempo que ha potenciado la inversión y la recaudación fiscal vinculada al entretenimiento digital.
Uno de los principales avances es el crecimiento constante de las salas de apuestas deportivas registradas: desde diciembre de 2024 se han sumado 683 nuevas salas, elevando el total a 4,516 locales autorizados en todo el país. A la par, la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas (DGJCMT) ha intensificado los operativos de fiscalización, cerrando locales ilegales y trabajando para reducir la presencia de plataformas clandestinas.
Gracias a estas acciones, se ha retirado del mercado un 15% de páginas web ilegales y se ha disminuido en 40% la oferta de apuestas no autorizadas en internet y aplicaciones móviles. Además, se ha coordinado con entidades financieras y proveedores de medios de pago para restringir operaciones con operadores no autorizados.
En complemento, el Mincetur también promueve el juego responsable mediante campañas de sensibilización sobre la ludopatía en centros educativos y capacitaciones a empresas del rubro, en alianza con asociaciones del sector. Todo ello reafirma el compromiso del Estado con un entorno de juego seguro y socialmente responsable.
