La Ciudad Sagrada de Caral, reconocida como la civilización más antigua del continente americano, enfrenta serias amenazas que no provienen del tiempo o del clima, sino del desinterés estatal y de la presión de intereses privados. Ruth Shady, principal investigadora del sitio, advierte sobre el grave deterioro en la protección de este patrimonio arqueológico debido a recortes presupuestales, invasiones ilegales y una ausencia alarmante de políticas públicas sostenidas.
Shady, quien lidera los trabajos de investigación y conservación desde hace más de 30 años, denuncia que las amenazas no son nuevas. Desde 2003 ha enfrentado situaciones de alto riesgo, incluyendo un asalto armado, mientras protegía y desarrollaba el proyecto arqueológico. Hoy, el crecimiento del valor de la tierra en la zona ha intensificado la presión por parte de traficantes de terrenos y especuladores que buscan apropiarse de los terrenos protegidos para proyectos turísticos o inmobiliarios.
La situación empeoró con la drástica reducción de casi el 50% del presupuesto destinado a Caral en 2024 por parte del Ministerio de Cultura. Esta decisión ha significado el despido de 80 trabajadores y ha afectado directamente las labores de conservación e investigación. Según Shady, Perú invierte muy poco en investigación científica, y aún menos en arqueología, lo que deja a sitios como Caral en total vulnerabilidad.
Además de la falta de recursos, el sitio arqueológico ha perdido la presencia policial que en años anteriores contribuía a su seguridad. Actualmente no hay agentes custodiando el lugar, y la vivienda construida para ellos permanece vacía. Esta ausencia agrava el riesgo frente a las invasiones que buscan desarrollar infraestructura turística sin tener en cuenta el daño irreversible al patrimonio.
Aunque Caral fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2009, este reconocimiento no ha bastado para garantizar su protección. Por el contrario, ha aumentado el interés de grupos que desean explotar la zona con fines comerciales, disfrazando sus intenciones con supuestas actividades agrícolas o de hospedaje.
Shady también destaca que la protección del patrimonio debe ser una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad civil. Recuerda cómo en el pasado las comunidades prehispánicas se organizaban a través de formas colectivas de trabajo como el ayni, la minka y la mita. Estas estructuras sociales, según ella, pueden inspirar nuevas formas de gestión territorial y social en el presente.
El arqueólogo Pedro Novoa, quien fue parte del equipo por casi dos décadas, también ha alertado sobre la falta de una entidad estatal sólida y con presupuesto exclusivo para la protección del patrimonio. A pesar de que el Perú posee una riqueza arqueológica comparable con las grandes civilizaciones del mundo, no se le brinda la atención ni el cuidado necesarios.
Finalmente, Shady hace un llamado a valorar y aprovechar el legado cultural e histórico del país, así como sus recursos naturales, que —como el mar peruano— pueden ser claves para combatir problemáticas actuales como la desnutrición infantil. “No tenemos aún las defensas que esperamos del Estado”, concluye, reiterando su compromiso con la defensa de Caral, pese al creciente abandono.
