El hambre en el Perú representa no solo un drama humano, sino también un lastre económico. Según el Banco de Alimentos Perú (BAP), la falta de acceso a alimentos adecuados podría estar restando al país hasta 1,5 puntos porcentuales de su Producto Bruto Interno (PBI). Esta situación ubica al Perú como el país con mayor inseguridad alimentaria de la región.
Daniela Osores, gerente general del BAP, explicó que una población malnutrida no puede desempeñarse laboralmente, lo que impacta directamente en la productividad nacional. La organización que dirige, activa desde hace 11 años, recupera productos en buen estado para distribuirlos entre poblaciones vulnerables, beneficiando regularmente a más de 80,000 personas en 22 regiones.
A pesar del alto costo logístico que implica alimentar adecuadamente a una persona varias veces al día con alimentos nutritivos, la paradoja es grave: el Perú desperdicia cerca de 12 millones de toneladas de comida cada año mientras millones sufren hambre.
Desde la Red de Ollas Comunes, su presidenta resaltó que quienes preparan los alimentos lo hacen sin recibir pago alguno, mediante un esfuerzo autogestionado que incluye crianza de animales, compostaje, biohuertos y recuperación de alimentos de mercados y campos. Sin embargo, denunciaron que el apoyo del Estado es mínimo y desorganizado.
Incluso, señalaron que se ha dificultado la colaboración con programas como «A Comer Pescado», cuyos productos ahora se envían a lugares lejanos. Frente a esto, la Red ha solicitado reunirse con la ministra de Desarrollo e Inclusión Social para discutir el presupuesto del 2026 y formar una mesa multisectorial que combata la anemia y la desnutrición infantil. No obstante, desde marzo solo han sido recibidas por el viceministro, sin poder de decisión.
El actual presupuesto, afirman, asigna apenas S/0.25 por persona para alimentos frescos, lo que equivale a S/5 mensuales. “Es una falta de respeto a nuestra realidad”, denunció la organización.
En paralelo, la inseguridad alimentaria alcanza a casi 17.6 millones de peruanos, de los cuales alrededor del 10% sufre una forma severa: no come todos los días o no accede a una dieta básica. Esta situación golpea especialmente a niños menores de cinco años, afectando su desarrollo y comprometiendo el capital humano del país.
Según Osores, la crisis se profundizó tras la pandemia, agravada por inestabilidad política y el incremento de precios. “Hemos retrocedido a niveles peores que los del 2020, perdiendo casi tres décadas de avances”, indicó.
Aunque las iniciativas de la sociedad civil resultan valiosas, ambas representantes coinciden en que el problema exige una política nacional sólida. “No podemos seguir dejando la lucha contra el hambre solo en manos de la ciudadanía”, concluyeron.
