Se oficializa la Ley de Vivienda de Interés Social para garantizar acceso a hogares dignos

El Gobierno ha publicado la Ley N° 32379, conocida como Ley de Vivienda de Interés Social (VIS), que fue aprobada por el Congreso con el propósito de asegurar el derecho de los ciudadanos a vivir en condiciones seguras y adecuadas.

Esta nueva norma establece un marco legal para facilitar el acceso a viviendas dignas, con un enfoque prioritario hacia personas en situación de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad social. La ley reconoce la vivienda como un derecho esencial y busca reducir el déficit habitacional tanto cualitativo como cuantitativo en el país.

Vivienda de interés prioritario

Dentro de esta legislación también se contempla la Vivienda de Interés Social de Tipo Prioritaria (VISTP), destinada específicamente a los sectores más vulnerables de la población. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) será el encargado de definir los aspectos técnicos y componentes tanto de la VIS como de la VISTP, en programas como Techo Propio y Crédito Mivivienda.

Las características de estos programas tendrán en cuenta factores como el acceso al financiamiento, la disponibilidad de terrenos, las condiciones del mercado y el presupuesto público destinado a viviendas sociales.

Terrenos y planificación urbana

Los proyectos de vivienda bajo esta ley deberán ejecutarse en terrenos clasificados como urbanos —ya consolidados, en proceso de consolidación o listos para urbanizar— y que cuenten con la zonificación y planificación aprobada por las municipalidades provinciales.

Además, los planes urbanos y metropolitanos deberán identificar zonas adecuadas para la densificación, renovación o regeneración urbana, como parte de las estrategias de promoción de vivienda de interés social.

Participación municipal

Las municipalidades provinciales también podrán definir parámetros específicos para facilitar estos proyectos, incluyendo iniciativas en zonas con valor histórico o monumental, siempre que cumplan con las disposiciones vigentes.

Con esta normativa, el Estado reafirma su compromiso con reducir la brecha de vivienda en el país, brindando oportunidades reales de acceso a un hogar digno a quienes más lo necesitan.

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