El Gobierno peruano ha implementado nuevas medidas para combatir el crimen a través del Decreto Legislativo N° 1658, que modifica la Ley N° 29807 con el objetivo de optimizar el funcionamiento del Consejo Nacional de Política Criminal (CNPC). Este consejo tendrá mayor relevancia al emitir acuerdos que serán de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones que lo conforman, en función de sus competencias.
Funciones y atribuciones del CNPC
El CNPC tendrá la misión de estudiar el fenómeno criminal en Perú, elaborar diagnósticos y generar estrategias para identificar los factores que influyen en la expansión del crimen. Además, se encargará de formular y supervisar políticas enfocadas en la prevención, investigación y represión del delito, articulando con las diversas instituciones del sistema de justicia.
El consejo será responsable de realizar evaluaciones periódicas del sistema penal, el Sistema Penitenciario Nacional y el Sistema Nacional de Reinserción Social del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal, con el fin de adecuar estos sistemas a las políticas del Estado contra el crimen.
Informes y supervisión
El decreto establece que el CNPC recibirá informes trimestrales del Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio del Interior, Policía Nacional del Perú, Instituto Nacional Penitenciario y el Programa Nacional de Centros Juveniles. Estos informes proporcionarán datos sobre denuncias archivadas, procesos concluidos, excarcelaciones, egresos de internos y adolescentes de los centros juveniles, entre otros aspectos relacionados con la justicia penal.
Asimismo, el CNPC podrá emitir informes técnicos no vinculantes sobre propuestas legislativas en materia de justicia penal y sistema penitenciario, evaluando su grado de adecuación a la política criminal del Estado. En caso de que no se emita un informe dentro de los 30 días, se considerará que la propuesta es favorable.
Composición del Consejo
El Consejo Nacional de Política Criminal estará integrado por diversas autoridades de alto nivel, incluyendo al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien lo preside; el Presidente del Poder Judicial; el Fiscal de la Nación; el Ministro del Interior; el Defensor del Pueblo; y otros representantes de entidades clave como la Policía Nacional del Perú y la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.
Además, se sumarán representantes de universidades y el Secretario Técnico del CNPC, quien desempeñará un rol clave en la coordinación de las actividades del consejo.
Actualización del reglamento
Finalmente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) tendrá un plazo de 90 días para actualizar el reglamento de la Ley N° 29807 y adecuarlo a las nuevas disposiciones establecidas en el Decreto Legislativo N° 1658.
Este marco normativo busca fortalecer la coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana, con un enfoque en la prevención del delito, la justicia penal y la reinserción social de los condenados, alineando las acciones del Estado con las recomendaciones internacionales en la materia.
