El Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha tomado nuevas medidas para garantizar el suministro energético en todo el país. Una de las principales acciones es exigir que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) informe periódicamente sobre las existencias de combustibles líquidos a la Dirección General de Hidrocarburos (DGH). Estos combustibles, derivados de la mezcla de hidrocarburos, son esenciales para la generación de energía a través de la combustión.
Este nuevo requerimiento fue formalizado mediante el Decreto Supremo N° 017-2024-EM, publicado en el Diario Oficial El Peruano. La norma agrega el artículo 43A al Reglamento de Comercialización de Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos, asegurando una mayor transparencia y control sobre las reservas energéticas del país.
Pruebas de viabilidad
Además, la norma modifica el artículo 13 del Decreto Supremo N° 063-2005-EM, estableciendo que, para realizar pruebas de viabilidad en proyectos que requieran el uso de combustibles, ya sea a través de concesionarios o del suministro de gas natural comprimido (GNC) o gas natural licuado (GNL), es necesario obtener una autorización de la DGH.
El titular del proyecto debe presentar la documentación que describa las pruebas, el equipo encargado de supervisarlas y la duración estimada. Las pruebas pueden incorporar tecnologías avanzadas de la industria internacional de hidrocarburos, siempre que cumplan con los estándares técnicos y de seguridad requeridos.
Condiciones para la autorización
La DGH evaluará la solicitud y, si considera que cumple con las condiciones exigidas, autorizará la realización de las pruebas, pero solo en la zona delimitada por el proyecto y durante el tiempo autorizado. Para llevar a cabo estas pruebas, las empresas deben contar con una póliza de seguro de responsabilidad por daños, similar a las exigidas a otros operadores del sector.
Asimismo, la DGH puede solicitar la opinión técnica del Osinergmin antes de otorgar la autorización, con un plazo máximo de 10 días hábiles para su pronunciamiento.
Con estas nuevas medidas, el gobierno busca garantizar un suministro energético estable y seguro, al tiempo que regula de manera eficiente los proyectos relacionados con combustibles líquidos y gas natural en el país.
