El pleno del Congreso de la República comenzó el debate de un dictamen que propone modificar el Código Penal para incluir el delito de terrorismo urbano. Esta propuesta, que ha generado un intenso intercambio de opiniones entre los parlamentarios, busca combatir delitos como la extorsión y el sicariato con penas más severas.
Durante las intervenciones, la mayoría de los congresistas expresaron su apoyo al proyecto, considerándolo una herramienta efectiva para disuadir a los delincuentes. Argumentaron que las sanciones elevadas para estos delitos podrían ayudar a reducir los actos criminales que atentan contra la seguridad de la población.
Receso del debate
Sin embargo, alrededor de las 9:30 p.m., Isaac Mita, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, solicitó un cuarto intermedio en el debate. Esto permitirá incorporar los aportes realizados por los legisladores que participaron en la discusión. Se espera que el debate se reanude la próxima semana para continuar con el análisis de la propuesta.
Por su parte, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que también busca tipificar el delito de terrorismo urbano. Esta figura legal se refiere a actos que generan terror o zozobra en la sociedad, cometidos mediante crímenes como el sicariato, conspiración para sicariato, y extorsión.
El proyecto propone la inclusión del artículo 315-C en el Código Penal, estableciendo penas de no menos de 30 años de cárcel para quienes cometan este tipo de delitos. Además, contempla la cadena perpetua en casos agravantes, como cuando el responsable es miembro de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional.
Agravantes y penas
El proyecto del Ejecutivo también establece cadena perpetua para quienes usen armamento o explosivos de propiedad militar o policial al cometer actos de terrorismo urbano. Asimismo, esta pena se aplicaría a quienes involucren a menores de edad o personas inimputables en la perpetración de estos crímenes.
Además, se modifica el artículo 200 del Código Penal respecto al delito de extorsión, proponiendo que quienes cometan este delito enfrenten penas de entre 15 y 20 años de prisión.
Se espera que el debate sobre estas propuestas continúe la próxima semana, en busca de un consenso que permita fortalecer la lucha contra el crimen organizado en el país.
