El Decreto Legislativo N° 1674 ha realizado modificaciones significativas a la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible (N° 31313) con el objetivo de fomentar la planificación de ciudades y centros poblados tanto en áreas urbanas como rurales, así como para implementar herramientas de gestión del suelo y financiamiento urbano. Estas reformas están destinadas a cerrar las brechas en vivienda e infraestructura.
Ampliación del alcance de la ley
Uno de los cambios más relevantes es la ampliación del alcance de la ley, que ahora incluye la planificación rural además de la urbana. Esto se considera fundamental para el desarrollo sostenible en diversas zonas, lo que implica que el componente rural debe ser integrado en los instrumentos de planificación, especialmente en el Esquema de Acondicionamiento Rural (ER) establecido por el artículo 22.
Componentes de planificación rural
El proceso de planificación rural es un elemento clave del ordenamiento territorial, según lo estipulado en el artículo 20A. La planificación rural busca promover el desarrollo de los centros poblados, y, de acuerdo con el artículo 36, la zonificación de estos centros es parte integral de la planificación rural.
Definiciones importantes y normativa local
La ley también ha introducido nuevas definiciones, como la de los Planes para el Acondicionamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Rural, que se consideran instrumentos técnicos normativos. Una vez que estos planes sean aprobados por los gobiernos locales, pasarán a formar parte de la normativa local.
Asimismo, se han definido dos conceptos cruciales: las actuaciones urbanísticas, que son decisiones tomadas por los gobiernos locales sobre la organización del espacio físico, y las intervenciones urbanísticas, que se refieren al diseño y ejecución de proyectos en consonancia con los planes establecidos.
Competencias y clasificación del suelo
El artículo 10 faculta al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) para emitir opiniones vinculantes sobre la interpretación de la ley. Las controversias de competencias entre los distintos niveles de gobierno serán resueltas por el Tribunal Constitucional. Además, se ha derogado el artículo 29, lo que significa que el MVCS ya no resolverá disputas entre sectores y niveles de gobierno en relación a los planes de actuación.
Con respecto a la clasificación del suelo, las municipalidades provinciales ahora tienen la competencia de establecerla, según lo dispuesto en el reformado artículo 33. El suelo urbano se clasifica en diversas categorías, mientras que el suelo rural se divide en suelo de ocupación concentrada, dispersa, de producción y de protección.
Financiamiento urbano
En cuanto a los instrumentos de financiamiento urbano, la ley ha cambiado su enfoque, refiriéndose a mecanismos como la contribución especial por obras públicas y el financiamiento basado en el incremento impositivo. También se incluyen aportaciones presupuestales de distintos niveles de gobierno y cooperación técnica internacional.
El artículo 57 detalla los momentos en los que se exigirá a los propietarios el pago de la participación en el incremento del valor del suelo, eliminando la obligación de participar en el aumento del valor del suelo derivado de obras públicas, ya que esto queda contemplado en la contribución especial por obras.
