Desde el 28 de julio, el régimen de Nicolás Maduro ha detenido a 221 políticos, 23 periodistas y 6 activistas de derechos humanos en Venezuela. Entre los arrestados se encuentran un excandidato presidencial, exdiputados, defensores de las libertades y hasta el yerno de Edmundo González Urrutia. Estas detenciones se produjeron tras las elecciones presidenciales, calificadas como fraudulentas. La ONG Espacio Público denunció la desaparición forzada de Carlos Correa, activista defensor de la libertad de expresión y de los derechos humanos, detenido el 7 de enero en Caracas. Las autoridades no han reconocido oficialmente su arresto ni han mencionado los cargos en su contra, una práctica recurrente en casos similares.
La situación de los presos políticos en Venezuela es alarmante. Según organizaciones como Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón, actualmente hay entre 286 y 319 personas privadas de libertad por razones políticas en el país2. Desde 2014, se han registrado alrededor de 15,700 arrestos arbitrarios con motivaciones políticas. Las detenciones suelen realizarse sin órdenes judiciales, con períodos cortos de desaparición forzada y acusaciones de delitos con poca evidencia. Además, se aplican penas severas y se utilizan tribunales especiales con jurisdicción sobre «terrorismo
