La Fiscalía de la Nación ha solicitado a la presidenta Dina Boluarte que entregue, en un plazo de 24 horas, los documentos que certifiquen el estado de salud que la llevó a someterse a una intervención quirúrgica en la nariz. Esta solicitud se enmarca en la investigación por el presunto delito de omisión de funciones y abandono de cargo. Boluarte alega haber suscrito 91 normas entre el 28 de junio y el 9 de julio de 2023, periodo en el que se realizó la cirugía. La presidenta declaró que la operación no tuvo fines estéticos, sino de salud, y se comprometió a renunciar a su derecho a la confidencialidad para probar sus palabras.
El exprocurador Antonio Maldonado afirmó que Boluarte tiene el deber de colaborar con el Ministerio Público y que, con base en su cooperación, se evaluará si formular una acusación o archivar el caso. Además, señaló que la presidenta está protegida por el artículo 117 de la Constitución, por lo que el Legislativo debe autorizar el inicio de la investigación preparatoria.
El ex primer ministro Alberto Otárola reveló la noticia de la cirugía ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento, asegurando que la presidenta no abandonó sus funciones y que la operación fue por problemas respiratorios. Sin embargo, esto desató cuestionamientos y críticas de la población. Actas del Consejo de Ministros del 5 y 7 de julio de 2023, realizadas de manera remota, muestran una firma de Boluarte diferente a la habitual, lo que ha generado más dudas.
Boluarte declaró ante la Fiscalía el 13 de enero por más de cuatro horas, asegurando que su cirugía no fue por fines estéticos, sino de salud. Su abogado, Juan Portugal, explicó que la operación duró entre 40 y 50 minutos con anestesia local y que la presidenta estuvo lúcida y consciente en todo momento. La investigación continúa, y la Fiscalía evaluará si formular una acusación o archivar el caso.
