Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, continuará siendo investigado como parte de una presunta organización criminal en el caso «Los Waykis en la Sombra». La defensa de Boluarte buscaba que el caso fuera supervisado por un juzgado común y no por el Subsistema Judicial de Crimen Organizado, pero el juez Richard Concepción Carhuancho determinó que el caso cumple con las nuevas exigencias legislativas y debe seguir en la Corte Superior Especializada en Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios. La fiscalía investiga una presunta red criminal liderada por Nicanor Boluarte, quien habría utilizado contactos en diversas áreas públicas para lograr la inscripción de su partido «Ciudadanos por el Perú» a través de prefectos y subprefectos nombrados a su pedido.
El juez Richard Concepción Carhuancho explicó que la adecuación del caso a las nuevas exigencias legislativas es fundamental para garantizar una investigación exhaustiva y justa. La defensa de Nicanor Boluarte argumentó que el caso debería ser tratado por un juzgado común, pero el juez determinó que la naturaleza de los delitos investigados justifica su permanencia en el Subsistema Judicial de Crimen Organizado. La fiscalía sostiene que Nicanor Boluarte habría utilizado su influencia para nombrar a prefectos y subprefectos que facilitaran la inscripción de su partido político, lo que constituye un abuso de poder y una violación de la ley.
El caso «Los Waykis en la Sombra» ha generado gran interés público debido a la implicación de figuras políticas de alto perfil y la gravedad de las acusaciones. La fiscalía ha recopilado pruebas que sugieren la existencia de una red criminal bien organizada, con conexiones en diversas instituciones públicas. La investigación se centra en determinar el alcance de estas actividades ilícitas y en identificar a todos los involucrados. La decisión del juez Concepción Carhuancho de mantener el caso en la Corte Superior Especializada en Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios refuerza el compromiso del sistema judicial peruano de combatir la corrupción y el crimen organizado de manera efectiva.
