La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional contra 11 congresistas por el presunto delito de negociación incompatible. Entre los denunciados se encuentran José Williams, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto, Alfredo Azurín, Hamlet Echevarría, Américo Gonza, Patricia Juárez, Juan Lizarzaburu, Pedro Martínez y Lucinda Vásquez. La denuncia se basa en la aprobación del dictamen del proyecto de ley 319-2021, que permitió que los congresistas José Williams Zapata, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto y Alfredo Azurín accedan a un doble sueldo y pensión de forma simultánea, mientras se desarrollan en el Congreso.
El dictamen fue aprobado por el Pleno del Congreso el 28 de abril de 2022 y se publicó en el Diario Oficial El Peruano el 14 de mayo de ese año como Ley 31473, Ley que regula la contratación de pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Según la Fiscalía, los congresistas denunciados se interesaron indebidamente en la aprobación del dictamen, lo que les permitió acceder a la percepción de sueldo y pensión de forma simultánea, sin ninguna restricción ni límite del monto total, debido a su doble condición de funcionarios públicos en cargos de elección popular y pensionistas de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional.
La congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular) anunció que presentará una denuncia contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, argumentando que el artículo 93 de la Constitución respalda el actuar de los parlamentarios con respecto a la emisión de votos y decisiones del Congreso. Juárez afirmó que la fiscal está infringiendo la Constitución Política del Perú y que debería haber revisado el artículo 93, que establece la inviolabilidad del voto de los congresistas y las prerrogativas que tienen para ejercerlo de manera adecuada.
El congresista Jorge Montoya también respaldó la medida promovida por Juárez contra Espinoza y justificó el ingreso que recibe por las Fuerzas Armadas, señalando que aportó 41 años de servicio al fondo de pensiones y que es un derecho que nadie le puede quitar. Montoya acusó a la fiscal de cometer un delito y anunció que presentarán una denuncia como corresponde.
José Cueto, otro de los parlamentarios denunciados, cuestionó al Ministerio Público y afirmó que hay una campaña de persecución política y legal contra los militares y policías en situación de retiro en el Congreso. Cueto defendió el dictamen aprobado, argumentando que garantiza el derecho constitucional a la pensión y al trabajo que tiene todo peruano, incluyendo a pensionistas de la PNP y FF.AA. Afirmó que no se arrepiente de haber apoyado el proyecto de ley y que lo volvería a hacer.
Horas después, el Ministerio Público presentó una nueva denuncia constitucional contra Guido Bellido (Podemos Perú) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo). Bellido es acusado como presunto autor del delito de tráfico de influencias agravado, en agravio del Estado, mientras que Sánchez es señalado por el presunto delito de negociación incompatible. Según la investigación, Bellido habría utilizado su cargo para influir en la contratación de Daniel Abarca como asesor del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), liderado en ese entonces por Roberto Sánchez.
