Los altos niveles de delincuencia en Perú han incrementado la desconfianza de la población hacia las autoridades e instituciones encargadas de garantizar la seguridad ciudadana y sancionar la criminalidad. Según la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) de este mes, más del 70% de los encuestados confía poco o nada en las entidades responsables de combatir la delincuencia. El 71% de los encuestados confía poco o nada en la Policía Nacional del Perú (PNP), mientras que solo el 29% confía en esta institución, lo que representa una disminución en comparación con julio del año pasado, cuando la cifra era del 37%.
Además de la desconfianza hacia la PNP, la población también desconfía de las instituciones del sistema judicial, como el Ministerio Público y el Poder Judicial. El 73% de los encuestados respondió que confía poco o nada en la Fiscalía de la Nación, mientras que en el caso del Poder Judicial, la cifra es del 77%. Más de la mitad de los encuestados tampoco tienen plena fe en el serenazgo en sus respectivos distritos. Las fuerzas armadas son la institución en la que más confían, aunque esta entidad no tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad ciudadana.
En medio de la falta de confianza hacia las instituciones, aumenta la preferencia de la población por la mano dura. El 55% de los encuestados estaría dispuesto a apoyar a un líder que, aunque no respete los derechos de las personas, acabe con la delincuencia. En el ámbito rural y en la macrozona norte, la preferencia hacia este tipo de liderazgo es mayor, alcanzando el 60%. La mayoría en los sectores más pobres también ve con buenos ojos esta figura. El 58% de los niveles socioeconómicos D y E lo consideran una solución. En junio del 2023, la preferencia por este tipo de figura era del 51%, lo que muestra un incremento en la preferencia por la mano dura.
Además de la preferencia por una autoridad que termine con la inseguridad a toda costa, más de la mitad de la población también evalúa tomar medidas radicales para su protección. El 52% de los encuestados respondió que sí tendría un arma de fuego para su protección en caso de que sea posible. Esta cifra es mayor en comparación con junio del 2023, cuando solo el 47% de los encuestados respondió afirmativamente a la misma pregunta. La consideración por el uso de armas de fuego se mantiene en porcentajes similares en todas las clases sociales. En los niveles socioeconómicos C, D y E, la respuesta a favor fue del 52%, y en los niveles A y B fue del 51%.
A esto se suma un importante incremento de personas que han decidido adoptar medidas colectivas frente a la delincuencia. La encuesta del IEP revela que el 41% de las personas encuestadas respondió que sí cuando se les preguntó si se habían organizado con sus vecinos de barrio para prevenir o protegerse. En menos de seis años, ese porcentaje casi se ha duplicado. En marzo del 2019, ante la misma pregunta, el 24% respondió afirmativamente.
Entre otras medidas que ha tomado la población para protegerse, el 27% ha instalado sistemas de seguridad, como cámaras y alarmas; el 21% ha reforzado las entradas a su vivienda o barrio; y el 14% ha tomado medidas de prevención en conjunto con los miembros de su familia. Sin embargo, solo el 4% ha buscado el servicio de la seguridad pública y privada. Otro dato preocupante es que el 20% de los encuestados respondió que ha sido víctima de extorsión en el último año. En su mayoría, son personas de entre 18 y 39 años. El problema se agudiza en Lima metropolitana y sin distinción de niveles socioeconómicos.
