En la mañana del jueves 20 de febrero de este año, Miriam Rodríguez Oviedo, funcionaria de la Dirección Regional de Salud de Puno, se comunicó telefónicamente con los padres de diez escolares que resultaron intoxicados tras consumir alimentos distribuidos por Qali Warma (ahora Wasi Mikuna). Rodríguez les informó que al día siguiente, 21 de febrero, debían presentarse en el aeropuerto de Juliaca para viajar a Lima y recibir tratamiento por consumir la conserva Don Simón, de la empresa Frigoinca. Esta llamada sorprendió a los padres, ya que la intoxicación ocurrió el 25 de marzo de 2024, casi un año atrás.
La Dirección Regional de Salud Ambiental de Puno había reportado que los alimentos estaban en buen estado y que probablemente los escolares consumieron agua contaminada. En consecuencia, en junio, Qali Warma autorizó la continuación de la distribución de los alimentos a los escolares puneños, a pesar de que los menores intoxicados seguían presentando problemas gastrointestinales. Todo parecía haber vuelto a la normalidad hasta que el 6 de octubre, el programa ‘Punto final’ reveló que los escolares de Cabana se habían intoxicado después de comer conservas Don Simón. Solo después de la difusión de este caso, el entonces ministro de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Julio Demartini, dispuso que Qali Warma suspendiera la distribución de las conservas de Frigoinca, la empresa de propiedad de Nilo Burga Malca.
Las madres de los diez niños intoxicados se sorprendieron al ser informadas casi un año después de los hechos que sus hijos serían trasladados a Lima para recibir atención especializada. Durante la gestión de Demartini, Qali Warma no retiró los alimentos de Frigoinca, cuya distribución continuó hasta octubre, cuando la prensa sacó a la luz el caso. Las familias de los escolares afectados informaron que las autoridades del programa de alimentación los habían abandonado a su suerte y no hacían seguimiento del mal estado de salud de sus hijos.
El mismo día que La República publicó la información, el 28 de enero de este año, Qali Warma difundió un comunicado desmintiendo a este periódico, afirmando que desde el primer día, en coordinación con la Dirección Regional de Salud de Puno, se había garantizado la atención médica integral a los menores afectados por el caso Frigoinca. Sin embargo, las madres entrevistadas en Lima ratificaron que Qali Warma (hoy Wasi Mikuna) se desatendió de ellos y que no recibieron un tratamiento adecuado. Por esta razón, fueron trasladados a la capital para ser atendidos en hospitales del Ministerio de Salud, como el Hospital del Niño y el Hospital San Bartolomé.
Basilia Lucas, madre de una de las víctimas de intoxicación, declaró que su hija de 14 años tuvo que ser hospitalizada en enero de este año debido a problemas de salud recurrentes. María Chipana, otra madre afectada, confirmó que hasta los primeros días de febrero ninguna autoridad se acercó para ofrecer ayuda. Cansadas de la indiferencia del Gobierno de Dina Boluarte, las madres acudieron a las oficinas de Qali Warma en Puno en diciembre pasado para exigir respuestas, pero la responsable de la entidad les respondió que no estaba a su alcance darles una solución.
El traslado a Lima de las víctimas de la intoxicación se produjo poco después de que el primer ministro Gustavo Adrianzén y el canciller Elmer Schialer confirmaran la posibilidad de que el extitular del Midis, Julio Demartini, sea designado embajador del Perú ante el Vaticano. Durante la gestión de Demartini, Qali Warma no retiró los alimentos de Frigoinca, cuya distribución continuó hasta octubre, cuando la prensa sacó a la luz el caso.
Las madres de los niños intoxicados concuerdan en que los alimentos de Qali Warma fueron los responsables de la intoxicación de sus hijos. Según documentos obtenidos por La República, recién en diciembre de 2024, dos meses después de que estallara el escándalo, Qali Warma resolvió seis contratos suscritos con consorcios en los que participaba Frigoinca. A pesar de las afirmaciones de la empresa de que el incidente solo comprometía una pequeña parte del lote de conservas, los niños seguían consumiendo la marca de Frigoinca.
El abogado de las familias puneñas, César Quispe, describió que no recibían el trato adecuado y que fueron trasladados a Lima con lo que llevaban puesto ese día, sin imaginar las humillaciones que recibirían al llegar a la capital. En Lima, los servidores de Wasi Mikuna les indicaron que no salieran del albergue ni recibieran a nadie, con la consigna de «no digan nada».
Las madres de los afectados exigen respuestas claras del Estado y una atención médica adecuada para garantizar la recuperación de sus hijos. Hasta el momento, las autoridades no han brindado soluciones concretas a las demandas de los padres, quienes continúan esperando que se priorice la salud de sus hijos y se les trate con la dignidad que merecen.
