A menos de tres meses de asumir la presidencia del Poder Judicial, la jueza suprema Janet Tello enfrenta un proceso disciplinario inmediato que podría resultar en su destitución. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) notificó a Tello y a otros cuatro jueces supremos sobre el inicio de este proceso, otorgándoles un plazo de 10 días hábiles para presentar sus descargos.
El proceso disciplinario se basa en la presunta invocación de una norma derogada al resolver un recurso de casación como miembros de la Primera Sala Constitucional y Social Permanente. La JNJ ha señalado que este procedimiento busca determinar si los hechos configuran una inconducta funcional, en estricto respeto de la presunción de licitud.
La resolución de inicio del proceso, firmada por el presidente de la JNJ, Gino Ríos Dávila, fue notificada el 26 de febrero de 2025. En el documento, se informa a Tello y a los jueces supremos Edwin Corrales Melgarejo, Carlos Calderón Puertas, Omar Toledo Toribio y Rosa Dávila Broncano que tienen hasta el 12 de marzo de 2025 para apersonarse al proceso y presentar sus descargos.
El procedimiento especial establece que, una vez presentados los descargos, la Junta convocará a una audiencia para escuchar a los magistrados y tomar una decisión final de inmediato: destitución, sanción menor o archivo. Tanto la destitución como la sanción menor de suspensión temporal en el cargo descabezarán al Poder Judicial, apenas dos meses y medio después de que Tello asumiera funciones.
El Colegio de Abogados de Lima y diversos grupos académicos han expresado su preocupación por la decisión de la JNJ, considerando que pone en riesgo la independencia del Poder Judicial y la autonomía de los jueces. La impresión es que esta decisión responde a intereses políticos de los grupos parlamentarios que respaldaron la actual composición de la Junta.
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, ha rechazado haber invocado una norma derogada y ha calificado de apresurada la decisión adoptada por la JNJ. La comunidad jurídica y la ciudadanía en general también han manifestado su preocupación por la posible injerencia política en el proceso disciplinario.
En resumen, el proceso disciplinario inmediato contra Janet Tello y otros jueces supremos ha generado un intenso debate sobre la independencia del Poder Judicial y la posible influencia de intereses políticos en la toma de decisiones. La JNJ deberá evaluar los descargos presentados y tomar una decisión final en las próximas semanas.
