La corrupción en el sector construcción peruano ha alcanzado niveles alarmantes, con el pago de S/187 millones en sobornos por 18 obras públicas. Este esquema de corrupción, conocido como el «Club de la Construcción», involucró a empresarios privados que se repartieron los proyectos más costosos del programa Provias Nacional durante casi dos décadas. Los implicados financiaron la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2016 con la intención de continuar delinquiendo, pero fueron delatados.
El fiscal Germán Juárez Atoche ha imputado delitos a 18 empresarios y 8 exfuncionarios gubernamentales, quienes diseñaron, organizaron y ejecutaron el esquema de corrupción. Este mecanismo funcionó entre 2002 y 2016, abarcando los gobiernos de Alejandro Toledo y Ollanta Humala. La conspiración se paralizó cuando el exejecutivo de Odebrecht, Jorge Barata, confesó en 2019 que la compañía brasileña obtuvo megaproyectos del MTC por ser parte del «Club de la Construcción». Barata identificó a varias empresas y sus representantes, como Graña y Montero, Cosapi e ICCGSA. Sin embargo, las cabezas de estas compañías se acogieron a la colaboración eficaz y no son parte de la acusación fiscal.
Los implicados hicieron fortuna pagando sobornos a funcionarios de Provias Nacional y del MTC para quedarse con obras públicas cuyo presupuesto era considerable. Entre las obras adjudicadas se encuentran la carretera Camaná-Ilo, el tramo dos de la carretera Quinua-San Francisco y la carretera Ayacucho-Abancay. Según la imputación fiscal, los empresarios constructores consiguieron ilícitamente 18 obras que superan los S/6,293 millones mediante el pago de sobornos. Los acusados acordaron abonar coimas a los funcionarios públicos por un monto que representaba el 3% de cada obra pública, desembolsando pagos ilícitos por S/187,7 millones. Sin embargo, el fiscal Juárez logró identificar pagos hasta por S/73,8 millones, menos del 40% del total.
La acusación fiscal describe tres componentes que permitían funcionar a la mafia de la construcción: los empresarios que encabezaban la organización, los intermediarios que comunicaban al MTC las obras de interés y los funcionarios públicos cómplices. Los empresarios negociaban la selección de los proyectos y transferían la información a los intermediarios, quienes estaban conectados con los funcionarios de Provías Nacional y del MTC. Estos funcionarios se mantenían en sus puestos, facilitando el funcionamiento del mecanismo de corrupción por casi dos décadas.
Para dar apariencia de normalidad, los empresarios simulaban disputarse las obras públicas en juego. Los miembros de los comités de licitación adjudicaban los proyectos millonarios, que ya habían sido decididos en reuniones secretas en el Swissôtel Lima, el restaurante «Balthazar» de San Isidro y la sede de la Cámara Peruana de Construcción (Capeco). Los constructores financiaron las campañas presidenciales de Keiko Fujimori en 2011 y 2016, con la intención de continuar con la fórmula de entrega de obras mediante el pago de coimas. Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino de Jaime Yoshiyama Tanaka, delató a los empresarios y relató cómo organizó reuniones con Keiko Fujimori y los componentes del «Club de la Construcción».
En resumen, la corrupción en el sector construcción peruano ha generado un esquema de sobornos millonarios que involucró a empresarios y funcionarios públicos. La fiscalía ha imputado delitos a 18 empresarios y 8 exfuncionarios gubernamentales, y se espera que se apliquen drásticas penas para evitar la repetición de este modelo de corrupción.
