El lunes 3 de marzo, a las 5:31 a.m., un equipo de la Fiscalía de la Nación llegó a la vivienda del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ubicada en La Molina. El juez Juan Carlos Checkley, a cargo del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, autorizó el allanamiento y registro de su vivienda, así como de otros inmuebles vinculados a otra persona. Esta medida se tomó en el marco de la investigación por presunto delito de abuso de autoridad que se sigue en su contra.
El allanamiento se extendió por aproximadamente siete horas y también incluyó su despacho en la sede del Ministerio del Interior (Mininter) en San Isidro, así como otros dos inmuebles en Villa El Salvador y Barranco. Estos inmuebles están relacionados con Yessenia Stefany De la Cruz Rivas, administradora del estudio de abogados de Santiváñez.
La investigación por abuso de autoridad contra Santiváñez surgió a raíz de un audio enviado vía WhatsApp al capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, en el que se le pide que «controle» a un periodista. Sin embargo, en los últimos días han surgido nuevas líneas de investigación y señalamientos en su contra.
A fines de enero, un testigo protegido con clave N°01-2025 relató a la fiscalía que Santiváñez le habría solicitado a De la Cruz que oculte dos dispositivos tecnológicos, incluyendo su iPad personal, debido a que la información contenida en ellos podría perjudicarlo. Este testimonio se suma a las declaraciones de otro testigo protegido con clave N°02-2025, quienes han relatado una serie de hechos presuntamente ilícitos cometidos en el estudio de Santiváñez antes de su incursión como ministro.
En las semanas previas al allanamiento, surgieron acusaciones adicionales en contra de Santiváñez. En particular, el testigo protegido N°01-2025 detalló que el ministro había dado instrucciones explícitas para ocultar dispositivos que pudieran contener pruebas incriminatorias. La fiscalía sospecha que estos dispositivos podrían tener información sobre pagos de coimas y otros actos de corrupción. La investigación también busca esclarecer el papel de Yessenia De la Cruz, quien administraba el estudio de abogados de Santiváñez y podría haber estado involucrada en la ocultación de pruebas.
Durante el allanamiento, los fiscales se centraron en encontrar estos dispositivos y otros elementos que pudieran vincular a Santiváñez con actividades ilícitas. La ausencia del iPad y otros dispositivos tecnológicos ha sido un punto clave en la investigación, ya que podrían contener pruebas cruciales para el caso.
El operativo en la residencia de Santiváñez en La Molina fue meticuloso y coordinado. Los fiscales revisaron cada rincón de la casa en busca de pruebas. En su despacho en el Mininter, se analizaron documentos y equipos de cómputo para obtener información relevante. En los inmuebles de Villa El Salvador y Barranco, se buscó cualquier conexión con la administradora De la Cruz y posibles ocultamientos de pruebas.
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha negado las acusaciones en su contra y ha afirmado que se trata de un intento de desprestigiar su gestión. Según Santiváñez, la investigación y el allanamiento son una treta política organizada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, con el objetivo de desestabilizar su posición. Sin embargo, las declaraciones de los testigos protegidos y las pruebas obtenidas durante el allanamiento podrían complicar su situación.
El juez Juan Carlos Checkley ha señalado que la investigación continuará y que se tomarán todas las medidas necesarias para esclarecer los hechos. La búsqueda del iPad perdido y otros dispositivos tecnológicos sigue siendo una prioridad para la fiscalía, ya que podrían ser clave para demostrar las acusaciones en contra de Santiváñez.
