La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República ha declarado improcedente la denuncia constitucional 549, que implicaba a varios congresistas por presuntamente recibir doble remuneración mientras ejercían su función parlamentaria. Con 13 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones, la SAC blindó a los congresistas bajo el argumento de que no se puede penalizar el ejercicio legislativo alineado a la Constitución.
La denuncia, presentada por el Ministerio Público, señalaba a los parlamentarios José Williams, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto, Alfredo Azurín, Hamlet Echevarría, Américo Gonza, Patricia Juárez, Juan Lizarzaburu, Pedro Martínez y Lucinda Vásquez. Según la fiscalía, estos congresistas habrían promovido y aprobado una norma que permitió a cinco de ellos recibir doble remuneración mientras ejercían su función parlamentaria.
El argumento respaldado por la SAC sostiene que «no se puede penalizar el ejercicio de la función legislativa cuando está acorde con la Constitución» y que hacerlo «significaría disminuir los derechos de los congresistas». Con esta decisión, la SAC rechazó la solicitud del Ministerio Público y cerró la posibilidad de investigar a los legisladores involucrados.
En la misma sesión, la SAC decidió devolver el informe de calificación sobre la denuncia constitucional contra Patricia Chirinos y Patricia Benavides a la Secretaría Técnica de la comisión. La medida fue aprobada tras la solicitud de la congresista Martha Moyano, quien argumentó que la calificación de inadmisibilidad debía ser modificada por improcedencia. Durante el debate, los parlamentarios discutieron la necesidad de declarar improcedente la denuncia, postura defendida principalmente por Moyano y José Jerí.
El caso de los congresistas que cobraron «doble sueldo» involucra a un grupo de legisladores que habrían intervenido irregularmente en la aprobación del informe del proyecto de ley 319-2021. Esta norma permitió que José Williams Zapata, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto y Alfredo Azurín recibieran doble remuneración mientras ejercían su función parlamentaria. El Ministerio Público sostiene que esta doble percepción salarial está prohibida para todos los trabajadores civiles del Estado y para la mayoría de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Sin embargo, la norma aprobada por el Congreso estableció una excepción exclusiva para un grupo de militares y policías pensionistas, al cual, coincidentemente, pertenecen los cinco legisladores beneficiados.
La decisión de la SAC ha generado un intenso debate sobre la legalidad de las detenciones preliminares y la protección de los derechos de los acusados en procesos judiciales. La resolución del Congreso será crucial para determinar el curso de la justicia en el país y su posible impacto en la política peruana.
