La presidenta Dina Boluarte enfrenta una creciente tensión con el Congreso, temiendo ser traicionada antes de finalizar su mandato en 2026. La historia reciente del Congreso peruano, que vacó al expresidente Martín Vizcarra en 2020, alimenta sus temores. En medio de escándalos y acusaciones, Boluarte ha adoptado una postura anticaviar para congraciarse con el fujimorismo y otros partidos que la sostienen en el poder.
El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, ha pronosticado que Boluarte no llegará al 28 de julio de 2025 como presidenta, sugiriendo que su salida podría ocurrir entre abril y julio de este año. La presidenta ha mostrado su preocupación por las investigaciones fiscales en su contra, incluyendo el caso conocido como «Rolexgate». La Fiscalía de la Nación ha presentado una denuncia constitucional contra ella, y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la ha declarado procedente.
El Congreso deberá elegir una nueva Mesa Directiva en julio, y si Boluarte es vacada antes, el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, asumiría la presidencia. La presidenta ha intentado mantener su estabilidad política alineándose con la narrativa anticaviar y criticando a la Fiscalía y a la prensa, acusándolas de orquestar un golpe blando contra su gobierno.
El politólogo José Alejandro Godoy señala que Boluarte busca mantenerse en el poder para evitar posibles consecuencias legales. La congresista del Bloque Democrático Popular, Ruth Luque, coincide en que la presidenta intenta obtener blindaje político a través de su discurso anticaviar. A pesar de las alianzas estratégicas, la estabilidad del gobierno de Boluarte es frágil y depende de las concesiones otorgadas a sus aliados en el Congreso.
