El Congreso de la República ha corregido su error al restituir la detención preliminar en casos de no flagrancia, una medida que había sido eliminada el año pasado y que había generado críticas por parte de la ciudadanía y las autoridades. La eliminación de esta figura legal había permitido que personas investigadas por delitos graves, como extorsión, homicidio calificado, encubrimiento y tenencia ilegal de armas, quedaran en libertad.
La semana pasada, el pleno del Congreso aprobó por insistencia la restitución de la detención preliminar con 86 votos a favor. Esta medida permitirá a las autoridades realizar arrestos en ausencia de flagrancia siempre que existan elementos razonables para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a cuatro años. La nueva norma también establece que el juez de la investigación preparatoria, a requerimiento del fiscal, emitirá una resolución debidamente motivada para dictar el mandato de detención preliminar.
La presidenta Dina Boluarte y su administración han sido criticados por su reticencia a apoyar esta medida. La demora en la publicación de la ley en el diario oficial «El Peruano» ha sido atribuida al gobierno, lo que ha generado sospechas sobre posibles intereses cercanos a Palacio de Gobierno. Además, la bancada de Perú Libre intentó dilatar la votación final, argumentando que la detención preliminar podría ser abusada y proponiendo que se delimitaran los delitos en los que procedería esta medida.
A pesar de las críticas y los intentos de postergar la decisión, la restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia es vista como un paso importante para combatir el avance del crimen en el país. Sin embargo, se reconoce que la norma puede ser mejorada en el futuro para evitar posibles abusos contra personas inocentes.
