La Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) celebra 29 años de brindar asistencia legal gratuita, garantizando el derecho a la defensa y el acceso a la justicia para personas de escasos recursos y aquellos cuyos derechos han sido vulnerados. En este contexto, la institución se plantea el ambicioso reto de convertirse en una superintendencia, lo que permitirá un mejor manejo y fortalecimiento del servicio.
Walter Eleodoro Martínez Laura, director general de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Minjusdh, explicó que este proyecto se sustenta en el crecimiento y empoderamiento de la Defensa Pública, que ha brindado atención integral y gratuita a más de un millón 300,000 peruanos en 2024, un incremento de más de 140,000 beneficiarios respecto al año anterior. Además, los ciudadanos ahorraron 272 millones 511,178 soles gracias a los servicios brindados, y 289,883 personas fueron beneficiadas en campañas y megacampañas de servicios.
El titular del Minjusdh, Eduardo Arana, considera que la Defensa Pública es el motor del desarrollo del país, ya que el acceso a la justicia abre la posibilidad de garantizar otros derechos. Por ejemplo, cuando una madre obtiene una pensión de alimentos mediante un proceso judicial con la participación de la Defensa Pública, se asegura la alimentación, salud, educación, vivienda y recreación de su hijo, permitiéndole desarrollarse integralmente y contribuir al desarrollo del país.
La Defensa Pública actúa también como defensa necesaria cuando los procesados por delitos no designan abogado, garantizando un proceso justo y el debido proceso. Desde 2009, con la Ley N° 29360, se amplió la cobertura del servicio, brindando asistencia legal gratuita no solo a imputados por delitos, sino también a víctimas en casos de alimentos, tenencia de menores, sucesiones y asuntos previsionales.
La institución cuenta con 2,148 defensores públicos distribuidos en 34 direcciones distritales, 395 sedes de Defensa Pública, 124 profesionales del equipo multidisciplinario y 100 conciliadores extrajudiciales. Entre los casos emblemáticos atendidos por la Defensa Pública se encuentran el de un ciudadano venezolano que quemó viva a una mujer y el asesinato de un bebé de 11 meses, en los cuales se logró justicia para las víctimas y sus familias.
La conversión de la Defensa Pública en una superintendencia permitirá fortalecer el acceso a la justicia y garantizar una atención integral y de calidad a las personas en situación de vulnerabilidad.
