El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha defendido la inocencia de algunos miembros del ‘Escuadrón de la Muerte’, una organización criminal integrada por efectivos de la Policía Nacional. A pesar de las resoluciones judiciales y la imputación fiscal, Santiváñez pone en duda la existencia del grupo de aniquilamiento que supuestamente asesinó a 33 delincuentes en falsos operativos policiales. Dos de sus clientes, el comandante PNP (r) Raúl Prado Ravines y el capitán (r) Francisco Arévalo Quispe, fueron condenados a 35 y 26 años de prisión, respectivamente, por su participación en la organización. Sin embargo, Santiváñez insiste en que debe prevalecer la presunción de inocencia mientras las sentencias no estén consentidas y ejecutoriadas.
El fiscal especializado en crimen organizado, Álvaro Rodas Farro, denunció a 20 oficiales y 40 suboficiales de la Policía Nacional como miembros y colaboradores del ‘Escuadrón de la Muerte’. Se les atribuye el asesinato de 33 personas en nueve operaciones supuestamente contra bandas de delincuentes comunes. Santiváñez, quien ejerció como abogado de al menos seis de los acusados, incluyendo al cabecilla Raúl Prado Ravines, renunció a la defensa de los policías acusados tras descubrir que el caso del ‘Escuadrón de la Muerte’ era verdadero. Según fuentes del despacho del fiscal Rodas, Santiváñez llegó a la oficina del fiscal en 2019 y, entre lágrimas, expresó que no podía aceptar los hechos en los que habían intervenido los policías, incluyendo a sus clientes.
A pesar de esto, Santiváñez ha continuado defendiendo la presunción de inocencia de sus exclientes en su rol como ministro del Interior. En una entrevista, Santiváñez afirmó que nunca fue abogado en el ámbito penal de Raúl Prado Ravines, sino que defendió a otros policías investigados por el ‘Escuadrón de la Muerte’ y que fueron absueltos administrativamente. Sin embargo, las declaraciones de Santiváñez han generado decepción y enojo en la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado, que considera impropio que un funcionario encargado de aplicar la ley defienda a personas implicadas en actividades delictivas.
