El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue detenido en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila a su regreso de Hong Kong. La orden de arresto proviene de la Corte Penal Internacional (CPI), que lo acusa de crímenes contra la humanidad por las ejecuciones extrajudiciales cometidas durante su mandato en el marco de su guerra contra el narcotráfico. Las autoridades filipinas confirmaron que la Interpol en Manila recibió la notificación oficial de la CPI un día antes de la detención. Tras su arresto, Duterte fue trasladado a la Base Aérea Villamor, donde grabó un video cuestionando la legalidad de su captura. Mientras tanto, su hija, la vicepresidenta Sara Duterte, denunció que el exgobernante sería enviado a La Haya en las próximas horas.
La CPI ha vinculado a Rodrigo Duterte con miles de ejecuciones extrajudiciales cometidas bajo su mandato presidencial entre 2016 y 2022. Según datos de la Policía de Filipinas, la guerra contra las drogas dejó alrededor de 6.000 muertes, aunque organizaciones de derechos humanos elevan la cifra a más de 30.000. Estas muertes habrían ocurrido sin juicio previo, afectando principalmente a personas de bajos recursos, muchas de ellas sin pruebas de vínculos con el narcotráfico.
Durante su detención, Duterte ha cuestionado las acusaciones. En un video difundido por su hija, se lo ve diciendo: «Que me muestren ahora el respaldo legal de que yo esté aquí. En mi opinión, me han traído aquí, no por voluntad propia». En 2019, Duterte ordenó la salida de Filipinas de la CPI con el argumento de que el tribunal no tenía jurisdicción sobre su país. Sin embargo, la corte ha mantenido su investigación al considerar que los crímenes ocurrieron cuando Filipinas todavía era miembro. En 2021, la CPI determinó que las ejecuciones extrajudiciales podían considerarse crímenes de lesa humanidad y reanudó su investigación formal en 2023, tras rechazar las objeciones del gobierno filipino.
Duterte, conocido por su discurso de mano dura, ha admitido públicamente haber ordenado a las fuerzas de seguridad «disparar a matar» si lo consideraban necesario. A pesar de las acusaciones, sigue gozando de apoyo popular en Filipinas y planeaba postularse como alcalde de Davao en las elecciones de mayo.
La detención de Duterte ha provocado reacciones a nivel internacional. Su exasesor y senador Bong Go criticó la medida, mientras que su exportavoz, Salvador Panelo, calificó el arresto de ilegal al considerar que el tribunal internacional no tiene autoridad en Filipinas. Además, China ha expresado su apoyo velado a Duterte, pidiendo que la CPI evite la «politización y el doble rasero» en sus procesos.
