El viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Charles Napurí Guzmán, junto con el director general de Derechos Humanos, Luis Fernando Domínguez Vera, han sostenido reuniones clave con altos representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington D.C., Estados Unidos. Estas reuniones tienen como objetivo reforzar el compromiso del Estado peruano con la protección y promoción de los derechos humanos.
En el primer encuentro, la delegación peruana se reunió con la Secretaria Ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, y su equipo. Durante esta reunión, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) presentó los avances en la implementación de las recomendaciones emitidas en el Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales. Se espera que estos esfuerzos sean reconocidos en el informe anual 2024 de la CIDH.
En horas de la tarde, la delegación se reunió con la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA (SARE). En este encuentro, Sara Mia Noguera, representante de la SARE, recibió información sobre las iniciativas que el MINJUSDH desarrolla en el ámbito de la promoción y protección de los derechos humanos en el país. Previamente, las autoridades peruanas sostuvieron una reunión con el embajador José Luis Sardón de Taboada, representante permanente del Perú ante la OEA, y su equipo, para coordinar la participación del MINJUSDH en las reuniones con la CIDH y la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA1.
Durante su intervención en la CIDH, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Ysa, destacó los avances en la implementación de las recomendaciones del organismo internacional tras el informe sobre las protestas sociales. Desde la emisión del informe en abril de 2023, el Estado ha trabajado en la implementación de 36 recomendaciones formuladas por la CIDH, que abarcan temas como seguridad ciudadana, institucionalidad democrática, reparación a las víctimas y lucha contra la impunidad.
Entre los avances logrados, se destaca la conformación de la Comisión Multisectorial que permitió otorgar un apoyo económico excepcional superior a los 7 millones de soles a 111 deudos de 63 personas fallecidas y a 155 personas heridas de gravedad. Además, se ha garantizado su acceso a atención médica mediante el Seguro Integral de Salud (SIS), que ha financiado más de 1,200 atenciones. A través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se otorga asistencia económica a 19 menores de edad en situación de orfandad producto del fallecimiento de su madre, padre o ambos, o tutor legal en el contexto de las movilizaciones de diciembre de 20222.
En materia de justicia, el Ministerio Público creó el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (EFICAVIP), que investiga 62 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos en agravio de 766 personas. Para fortalecer su labor, en 2023 se asignaron 99 millones de soles al Ministerio Público, destinando 26.8 millones al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En el ámbito de seguridad, en julio de 2023 la Policía Nacional del Perú aprobó la Directiva N° 013-2023-CG PNP/EMG, que regula el uso adecuado de medios no letales en operativos policiales.
Estas reuniones y avances reflejan el compromiso del Perú con el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos y con el impulso de políticas públicas que garanticen la equidad y el acceso a derechos fundamentales en la región.
