El 14 de marzo de 2025, se promulgó en Perú la Ley N.º 32257, que declara de interés nacional el uso de grilletes electrónicos como una alternativa a la prisión para personas condenadas por delitos menores. Esta medida tiene como objetivo principal reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios y dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Constitucional emitida en 2020, que identificó un «Estado de Cosas Inconstitucional» debido a las condiciones críticas en las cárceles del país.
La norma establece que los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, del Interior y de Economía y Finanzas, en coordinación con el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional, deberán implementar acciones para garantizar la correcta aplicación de esta medida. Además, se otorga un plazo de 180 días para que el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) aprueben un Código de Conducta del Servidor Penitenciario, que regulará el comportamiento de los funcionarios encargados de la ejecución de penas y medidas de seguridad.
Según el informe estadístico del INPE de diciembre de 2024, más de 10,000 personas podrían beneficiarse de esta ley. Entre los beneficiarios se encuentran microcomercializadores de droga, personas con tenencia ilegal de armas, burriers y deudores de alimentos. Estas personas podrán cumplir sus condenas bajo vigilancia electrónica en lugar de estar recluidas en establecimientos penitenciarios sobrepoblados.
El Tribunal Constitucional había advertido que, de no superarse el problema del hacinamiento para 2025, se procederá al cierre de seis establecimientos penitenciarios con los niveles más altos de sobrepoblación, como los penales de Chanchamayo, Jaén, Callao, Camaná, Abancay y Castro Castro. Esta situación subraya la urgencia de implementar medidas efectivas para mejorar las condiciones del sistema penitenciario.
La implementación de los grilletes electrónicos busca no solo aliviar la sobrepoblación carcelaria, sino también garantizar que las personas condenadas por delitos menores puedan reintegrarse a la sociedad de manera más efectiva. Al permitirles mantener vínculos familiares y laborales, esta medida podría contribuir a reducir la reincidencia y promover una mayor rehabilitación social.
