La presidenta de la República, Dina Boluarte, oficializó la promulgación de una norma que modifica el Decreto Legislativo 1095, permitiendo la participación de las Fuerzas Armadas en el combate contra la minería ilegal, siempre y cuando se declare previamente el estado de emergencia en la zona.
Durante el anuncio, la jefa de Estado enfatizó que esta medida busca fortalecer el control del territorio nacional y garantizar la seguridad de la población frente a amenazas como el crimen organizado, la minería ilegal y el terrorismo.
Boluarte afirmó que esta iniciativa se ajusta al marco jurídico vigente y otorga a las Fuerzas Armadas las herramientas legales necesarias para intervenir de manera efectiva. “Esta es una acción firme, legítima y urgente. No retrocederemos en esta lucha”, declaró.
Asimismo, la mandataria subrayó que esta decisión prioriza la seguridad de los ciudadanos por encima de cualquier interés político, señalando que no se tolerarán vacíos legales que beneficien a organizaciones criminales. “No podemos seguir siendo espectadores del delito, limitados por normas que protegen a los delincuentes antes que a los ciudadanos”, expresó.
La nueva ley fue aprobada previamente por el Congreso, y Boluarte destacó la importancia de esta colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo para enfrentar el crimen organizado. “Nuestra posición es firme: no cederemos terreno a la delincuencia”, añadió.
Durante el evento, también se presentaron informes sobre las recientes acciones de seguridad. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general David Ojeda, informó sobre más de 2,600 patrullajes realizados, con la participación de 4,000 efectivos diarios. Por su parte, el comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, reportó la desarticulación de 143 bandas delictivas en Lima y Callao, así como la incautación de armas, explosivos, vehículos y otros materiales ilegales. Finalmente, Boluarte reafirmó su respaldo a las instituciones encargadas del orden y aseguró que ni el crimen ni quienes lo justifican socavarán la moral del país. “Los derechos humanos son de los ciudadanos honestos que día a día contribuyen con el desarrollo del Perú”, concluyó.
