El reciente respaldo del Congreso a la Ley N.º 32294 ha generado gran preocupación entre las entidades microfinancieras del país. Esta norma obliga a todas las instituciones del sistema financiero a detallar las razones por las cuales niegan solicitudes de crédito, una disposición que, según los expertos del sector, podría traer consecuencias negativas para los emprendedores y para el propio sistema financiero formal.
Durante su participación en el evento SIM Huancayo 2025, Jorge Solís, presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepcmac), expresó su rechazo a la nueva legislación, señalando que limita la flexibilidad de las microfinancieras y podría empujar a muchos ciudadanos hacia opciones de financiamiento informal, como el peligroso sistema conocido como “gota a gota”.
Diversas instituciones como la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), el Banco Central de Reserva (BCR), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) también han mostrado su desacuerdo con la norma. A pesar de ello, el Congreso decidió aprobarla por insistencia, lo que ha sido interpretado como una falta de comprensión sobre el funcionamiento de las finanzas en sectores vulnerables.
Solís recalcó que las microfinancieras son pilares en la atención a emprendedores y pequeños negocios, que muchas veces no figuran en los registros oficiales y pertenecen a la economía informal. Estas instituciones han permitido el acceso al crédito a sectores tradicionalmente excluidos, con modelos adaptados al riesgo que implica trabajar con estos perfiles.
La principal preocupación con la ley es que al exigir una justificación por cada negativa de crédito, se abre la puerta a que los clientes malinterpreten el proceso y emprendan acciones legales, generando un ambiente de inseguridad jurídica. Esto podría llevar a que las entidades se vuelvan más cautelosas al prestar, afectando directamente a quienes más necesitan financiamiento accesible.
El presidente de la Fepcmac advirtió que este nuevo escenario podría hacer que los microempresarios, al no encontrar opciones viables en el sistema formal, acudan a prestamistas informales, donde las tasas son exorbitantes y las condiciones, muchas veces violentas. Solís mencionó que estos esquemas están frecuentemente ligados a actividades criminales, como la extorsión y el sicariato.
Además, recordó que las microfinancieras ya enfrentan múltiples desafíos, como los efectos del cambio climático o crisis como la pandemia, que han golpeado duramente a pequeños productores y emprendedores. Añadir más exigencias legales solo complicaría su operatividad y aumentaría sus costos.
Otro punto crítico de la ley es el impacto económico para las entidades financieras. Tener que emitir respuestas detalladas por cada solicitud rechazada generará mayores gastos operativos, lo que podría reflejarse en condiciones más estrictas para futuros créditos. Esto afectaría especialmente a las cajas municipales, que manejan más de la mitad de los préstamos dirigidos a mypes.
Actualmente, el sistema microfinanciero peruano está compuesto por más de 30 entidades supervisadas y cerca de 200 cooperativas. Ante este panorama, Solís recomendó a los usuarios explorar otras alternativas dentro del sistema financiero formal si una entidad rechaza su solicitud, en lugar de recurrir a prestamistas informales.
La Ley N.º 32294 también ha sido criticada por limitar la autonomía de las instituciones financieras para establecer tasas de interés y definir perfiles de riesgo, elementos fundamentales en el funcionamiento del sistema de créditos. En el pasado, otras normativas como la “ley antiusura” ya habían generado efectos adversos, restringiendo aún más el acceso al crédito a sectores vulnerables.
Solís finalizó advirtiendo que toda presión adicional sobre las microfinancieras puede endurecer los requisitos para acceder a préstamos o elevar las tasas, lo que termina excluyendo a quienes más necesitan del respaldo del sistema financiero formal.
