Nueva ley en Perú penaliza el mal uso de la inteligencia artificial en delitos digitales

El Gobierno peruano ha oficializado la Ley N.° 32314, una normativa que modifica el Código Penal y la Ley de Delitos Informáticos, incorporando disposiciones específicas sobre el uso de inteligencia artificial (IA) en actividades delictivas. Esta ley fue aprobada por el Congreso con el propósito de regular y sancionar el uso indebido de tecnologías como los deepfakes y otros contenidos generados mediante IA.

Según la nueva legislación, quien utilice inteligencia artificial para producir o difundir material relacionado con pornografía infantil —ya sea imágenes, audios, videos, o espectáculos en vivo con menores de edad— podrá recibir una pena de prisión de entre 6 y 10 años, además de una multa de 120 a 365 días.

En cuanto a delitos contra el honor, como la difamación, si se emplean herramientas de IA o contenido falso generado artificialmente para afectar la reputación de una persona, se establece una sanción de entre 1 y 3 años de prisión, además de la multa correspondiente.

También se considera una forma agravada de estafa el uso de IA para alterar la voz, imagen o movimientos corporales de una persona con el objetivo de causar un perjuicio económico, con penas de 4 a 8 años de cárcel.

En materia de propiedad intelectual, se sanciona con entre 2 y 6 años de prisión a quienes reproduzcan, utilicen o manipulen sin autorización obras humanas, ya sea audiovisuales, fonográficas, literarias, artísticas o de radiodifusión. Asimismo, se castigará con 3 a 6 años de prisión a quienes plagien y presenten como propias obras ajenas, incluso si modifican o alteran parcialmente el contenido original.

Por otro lado, eludir medidas tecnológicas de protección implementadas por los creadores o titulares de derechos, con fines de lucro, también será penalizado con hasta 4 años de prisión y multas de 60 a 120 días.

Finalmente, la nueva norma agrega un agravante importante: si cualquier delito es cometido utilizando inteligencia artificial o tecnologías análogas, el juez podrá aumentar la pena hasta en un tercio más del máximo previsto por ley.

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