La Comisión de Energía y Minas del Congreso evalúa un dictamen que busca modificar seis artículos clave de la Ley General de Minería (LGM), lo que ha generado preocupación entre representantes del sector formal. Esta propuesta, que se deriva de tres iniciativas legislativas, pretende reducir de 30 a 5 años la vigencia de las concesiones mineras si no se inicia su explotación en ese periodo.
De acuerdo con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), esta medida ignora que el desarrollo de un proyecto minero, desde su descubrimiento hasta su puesta en marcha, toma más de una década debido a las complejidades técnicas, ambientales, sociales y regulatorias del proceso.
Angela Grossheim, directora ejecutiva de la SNMPE, advirtió que la iniciativa podría generar un fuerte impacto negativo en la competitividad minera del país. Además, subrayó que el Perú ya enfrenta altos costos por el mantenimiento de concesiones, sumado a una carga tributaria que puede llegar hasta el 50%, lo cual complica aún más la rentabilidad del sector.
Por otro lado, especialistas advierten que esta modificación abriría la posibilidad de que mineros informales accedan con mayor facilidad a concesiones abandonadas o vencidas, especialmente si se encuentran inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
El abogado Daniel Palomino, experto en derecho minero, señaló que esta propuesta legislativa podría desalentar la inversión formal y fomentar ocupaciones ilegales. Recordó que en 2017 el plazo de vigencia de las concesiones fue ampliado a 30 años precisamente para dar tiempo suficiente a los desarrollos mineros frente a la burocracia y los conflictos sociales que suelen retrasarlos.
En este contexto, el sector privado y diversos analistas piden que cualquier cambio normativo se realice con base en criterios técnicos, buscando un equilibrio entre facilitar la inversión formal y evitar que la minería ilegal se expanda.
