El Gobierno peruano busca descentralizar de manera progresiva el presupuesto público, alineándolo con las principales necesidades de las regiones, según informó el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes.
Durante su participación en la Mesa Municipal Agenda 2025 en Huancayo, el ministro destacó la vocación descentralista de la gestión de la presidenta Dina Boluarte, resaltando la reciente aprobación por parte del Congreso del incremento gradual del Fondo de Compensación Municipal (Foncomún), que pasará del 2% al 4% entre los años 2026 y 2029.
Relevancia del Foncomún
El Foncomún es una herramienta clave para financiar proyectos municipales. Su principal fuente es el Impuesto de Promoción Municipal (IPM), que se recauda a través del Impuesto General a las Ventas (IGV). Estos fondos permiten a las municipalidades ejecutar obras públicas que mejoren la calidad de vida de sus comunidades.
En este contexto, Pérez-Reyes hizo un llamado a las autoridades regionales y locales de Lima, Áncash, Junín, Cerro de Pasco, Huánuco, Huancavelica, Ayacucho e Ica a trabajar conjuntamente para reducir el incumplimiento tributario y mejorar la recaudación del IGV. Esto, indicó, no solo elevaría los ingresos de los gobiernos locales mediante el Foncomún, sino que también permitiría al Estado central continuar ejecutando obras de infraestructura como carreteras, sistemas de agua potable y redes de saneamiento.
Recaudación y sostenibilidad financiera
El titular del MEF subrayó que Perú presenta una de las presiones tributarias más bajas de América Latina, lo que limita la capacidad del Estado para financiar obras. Por ello, instó a todas las entidades públicas a colaborar en el fortalecimiento de la recaudación fiscal.
En cuanto al financiamiento de largo plazo, el ministro señaló que su cartera trabaja en otorgar nuevas herramientas al Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada (SNPIP), con el objetivo de garantizar la viabilidad financiera de los proyectos de infraestructura en los próximos años.
Asimismo, adelantó que se están evaluando modificaciones en la Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP), el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) y en la gobernanza de ProInversión, a fin de asegurar no solo la ejecución de proyectos, sino también la disponibilidad de fondos para completarlos adecuadamente.
