El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), vinculado al Banco Mundial, decidió aumentar a 302 millones de dólares la indemnización que el Estado peruano deberá pagar a la empresa española Enagás, debido a la cancelación del proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP). Esta cifra representa un incremento de más de 100 millones respecto al monto fijado en diciembre de 2024, tras una solicitud de corrección presentada por la empresa.
Enagás, que considera esta resolución como una excelente noticia, participó en el consorcio del GSP junto a Odebrecht y Graña y Montero, con una participación del 25%. El contrato fue cancelado en 2017 por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, en medio del escándalo de corrupción internacional relacionado con Odebrecht.
Además de la disputa por el GSP, Enagás ha reclamado por restricciones impuestas por Perú en la repatriación de dividendos provenientes de su participación en Transportadora de Gas del Perú (TGP). El CIADI determinó que esas restricciones violaban acuerdos internacionales de protección a las inversiones.
Enagás ha reiterado su disposición a buscar una solución amigable para ejecutar el laudo y ha informado que mantiene depósitos por 65 millones de dólares en Perú como garantía.
Este nuevo fallo impactará en los resultados financieros del primer semestre de 2025 para Enagás. Hasta el momento, el Gobierno peruano no ha emitido una respuesta oficial sobre el incremento de la indemnización.
El caso de Enagás se suma a otros arbitrajes internacionales contra Perú, como el de Kuntur Wasi (US$ 91.2 millones por la cancelación del Aeropuerto de Chinchero), Metro de Lima Línea 2 y Brookfield Corporation. Aunque algunos procesos han favorecido al país, los laudos negativos afectan tanto las finanzas públicas como la imagen internacional del Perú.
La controversia con Enagás comenzó tras la concesión otorgada en 2014 para mejorar la seguridad energética del país. Al anularse el contrato en 2017, Enagás solicitó iniciar un arbitraje en 2018 ante el CIADI, buscando resolver la disputa por la terminación anticipada del acuerdo.
