José Miguel Castro Gutiérrez, quien fuera gerente municipal durante la gestión de Susana Villarán en la Municipalidad de Lima (2011–2014), fue encontrado sin vida en su domicilio. En el marco del caso Lava Jato, estaba en proceso de acogerse como colaborador eficaz ante la fiscalía, aportando información clave sobre presuntos actos de corrupción vinculados a las campañas por el NO a la revocatoria y la reelección de Villarán.
Economista con experiencia en el ámbito público y privado, Castro fue señalado por el exdirectivo de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, como la persona que solicitó financiamiento para las campañas de Villarán a cambio de otorgar beneficios en el proyecto Rutas de Lima. Asimismo, la fiscalía sostiene que la constructora OAS también habría entregado dinero con la expectativa de obtener ventajas en la ampliación de la concesión de la Línea Amarilla.
Por estas acusaciones, la Fiscalía formalizó en 2018 una investigación contra Villarán por los delitos de cohecho y lavado de activos, incluyendo también a Castro como investigado. En 2019, la propia Villarán reconoció que aceptaron los aportes ilegales junto a su entonces gerente municipal.
Ese mismo año, Castro inició su solicitud para acogerse a la colaboración eficaz, entregando a la fiscalía evidencia que ayudó a abrir nuevas investigaciones, especialmente sobre funcionarios municipales involucrados en el proyecto Línea Amarilla, e incluso facilitó la solicitud para suspender el cobro de peajes.
Debido a la información brindada, Castro se convirtió en un testigo clave dentro del juicio oral contra Villarán y otros acusados, el cual comenzará el 23 de septiembre bajo la supervisión del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional. No obstante, también era imputado en el proceso por presuntos delitos como organización criminal, lavado de activos y corrupción, con un pedido fiscal de 25 años de prisión.
Según el fiscal José Domingo Pérez, Castro había acudido días antes de su muerte al Ministerio Público para conocer el avance de su proceso de colaboración, el cual debía concluir el 12 de julio. Esperaba que este proceso modificara su situación legal antes del inicio del juicio. El fiscal añadió que no reportó amenazas ni riesgos sobre su integridad.
Tras su fallecimiento, Pérez informó que pedirá que se incluyan en el juicio oral las declaraciones brindadas por Castro durante la etapa de investigación, ya que estas fueron aceptadas por el tribunal.
La policía investiga las circunstancias de su muerte, ocurrida en su residencia del distrito de Miraflores.
