El Poder Ejecutivo ha presentado al Congreso un proyecto de ley que busca incluir a los funcionarios y servidores de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), del Programa Nacional de Centros Juveniles y del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en la obligatoriedad de publicar su declaración jurada de bienes y rentas. Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la transparencia y la integridad en el sector público, así como prevenir actos de corrupción.
El proyecto de ley propone modificar la Ley N° 27482, que regula la publicación de la Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado, para incluir a estos servidores en la publicación de estas declaraciones. También modifica el artículo 32 de la Ley N° 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria, para considerar como un deber de los servidores penitenciarios la presentación de la Declaración Jurada de Ingresos, de Bienes y Rentas ante la Oficina General de Administración del INPE, al inicio, durante el ejercicio con una periodicidad anual y al término de la función o servicio.
El proyecto señala que en el caso del INPE, durante el 2022, se registró un incremento del 72% de denuncias por actos de corrupción e inconducta funcional respecto al 2021. Estos actos incluyen cobros para la atención médica, otorgamiento de certificados, armado de carpetas de beneficios penitenciarios y el ingreso de objetos no permitidos, entre otros. La corrupción en las prisiones supone un grave riesgo para la seguridad de los internos, el personal penitenciario y los mismos centros penitenciarios. Por lo tanto, la corrupción se identifica a menudo como uno de los principales obstáculos para la aplicación práctica de los estándares y normas internacionales relacionados con la gestión de los establecimientos penitenciarios y el tratamiento de los internos.
El proyecto de ley también advierte sobre un incremento de los casos de corrupción en la Sunarp, evidenciado en las investigaciones fiscales que implican a funcionarios y trabajadores de esta entidad, así como en el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), donde se advierte el ingreso de productos prohibidos. En lo que respecta al Pronabi, se ha informado que algunos bienes entregados a las instituciones del Estado carecen de condiciones óptimas para ser usados por las instituciones correspondientes.
La Constitución establece que los funcionarios y/o servidores públicos que administran fondos del Estado o que están obligados a hacerlo por mandato legal, deben presentar su Declaración Jurada de Ingresos, de Bienes y Rentas con el fin de informar de manera pública sobre los ingresos, bienes y obligaciones que poseen o perciben durante el ejercicio de su cargo. La propuesta del Ejecutivo asegura que la obligatoriedad de presentar la Declaración Jurada de Ingresos, de Bienes y Rentas promueve un enfoque preventivo en la gestión pública, permitiendo identificar posibles desequilibrios patrimoniales y enriquecimiento ilícito, fomentando la rendición de cuentas y disuadiendo actos de corrupción.
