El Gobierno de Dina Boluarte ha presentado observaciones a la ley que restablece la detención preliminar en casos de no flagrancia, excluyendo 88 delitos, muchos de ellos relacionados con corrupción y crimen organizado. La propuesta del Ejecutivo eleva de 4 a 8 años el mínimo de la pena requerida para que se dicte la medida en casos de no flagrancia. Según un estudio de CHS Alternativo, esta modificación dejaría fuera del alcance de la detención preliminar a varios delitos graves.
Entre los delitos excluidos se encuentran el cohecho pasivo propio, el cohecho activo genérico, la colusión simple y agravada, el peculado doloso y culposo, la malversación de fondos, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, la asociación ilícita para delinquir, el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, la organización criminal, el sicariato, el secuestro, la extorsión, el robo agravado, el hurto agravado, el fraude en la administración de personas jurídicas, la falsificación de documentos, la usurpación agravada, la trata de personas, el proxenetismo, la explotación sexual, el trabajo forzoso, el tráfico ilícito de migrantes, el tráfico ilícito de drogas, el tráfico de armas, el terrorismo, el espionaje, la traición a la patria, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, el homicidio calificado, el feminicidio, el parricidio, el infanticidio, el aborto no consentido, la violación sexual, la violación de menores de edad, el abuso sexual, el acoso sexual, la pornografía infantil y la corrupción de menores.
El informe de CHS Alternativo revela que la propuesta del Gobierno de Boluarte podría tener un impacto significativo en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en el país. Al elevar el mínimo de la pena requerida para la detención preliminar, muchos delitos graves quedarían fuera del alcance de esta medida, lo que podría dificultar la labor de las autoridades para combatir estos delitos. Además, la exclusión de delitos relacionados con la corrupción y el crimen organizado podría enviar un mensaje equivocado a la sociedad sobre la importancia de combatir estos problemas.
La propuesta del Ejecutivo ha generado un debate en el Congreso y en la sociedad en general. Algunos congresistas y expertos en derecho han expresado su preocupación por las posibles consecuencias de esta medida, mientras que otros consideran que es necesario realizar ajustes para garantizar que la detención preliminar se aplique de manera justa y efectiva. En este contexto, es importante que se realice un análisis exhaustivo de las implicancias de la propuesta y se busquen alternativas que permitan fortalecer la lucha contra la corrupción y el crimen organizado sin comprometer los derechos fundamentales de las personas.
