La presidenta Dina Boluarte ha solicitado al Poder Judicial que se anule la denuncia constitucional en su contra por la desactivación del equipo policial de apoyo al Eficcop y que se excluyan las declaraciones de los agentes encubiertos «René» y «Carlos». La defensa de Boluarte argumenta que las declaraciones de estos agentes fueron declaradas «secretas» para proteger los elementos aportados por ellos, lo que vulnera los derechos de la mandataria.
La denuncia constitucional fue presentada por la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal el 7 de noviembre de 2024, acusando a Boluarte de encubrimiento personal agravado, encubrimiento real agravado, cohecho activo en el ámbito de la función policial y abuso de autoridad. Según la fiscalía, Boluarte habría desplegado acciones para sustraer de la persecución penal a su hermano Nicanor Boluarte, implicado en el Caso Los Waikys en la Sombra, y obstaculizar la labor de investigación fiscal en dicho caso.
La defensa de Boluarte, a través de un recurso de tutela de derecho, solicitó que el caso regrese al Ministerio Público y se excluyan las declaraciones cuestionadas, así como las de los exagentes policiales Harvey Colchado y Walter Lozano. Además, pidieron que se vuelva a formular la denuncia constitucional sin incluir estos testimonios.
El juez supremo Juan Carlos Checkley anunció que resolverá el pedido a través de una resolución que notificará a las partes a través de su casilla electrónica. La defensa de Boluarte argumentó que la fiscalía había vulnerado diversos derechos de la presidenta al declarar secretas las declaraciones de los agentes encubiertos y otros exfuncionarios policiales.
La fiscalía sostiene que Boluarte, en su condición de presidenta de la República, habría ofrecido presuntos beneficios ilícitos al excoordinador del equipo policial que apoyaba al Equipo de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), Harvey Colchado, y desactivado dicho grupo policial para proteger a su hermano. La defensa de Boluarte cuestiona la legalidad de estas acciones y solicita la nulidad de diversos actos procesales realizados entre el 2 de octubre y el 7 de noviembre de 2024.
El caso ha generado un intenso debate sobre la legalidad de las declaraciones secretas y la protección de los derechos de los acusados en procesos judiciales. La resolución del juez Checkley será crucial para determinar el curso de la denuncia constitucional contra la presidenta Boluarte y su posible impacto en la política peruana.
