La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha afirmado que existen razones para creer que el régimen de Nicolás Maduro ha perpetrado «crímenes de lesa humanidad» antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, caracterizadas por la persecución de opositores y la represión de protestas posteriores a los comicios.
En un informe que abarca el periodo del 1 de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2024, se señala que fuerzas de seguridad y grupos civiles armados alineados con el gobierno han estado implicados en asesinatos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual y de género.
Violaciones a los derechos humanos
El documento destaca que las fuerzas de seguridad han estado «masivamente involucradas» en violaciones de derechos humanos, incluyendo el uso excesivo de la fuerza para sofocar protestas y el trato cruel y degradante a detenidos. Entre los responsables mencionados se encuentran los servicios de inteligencia civil (Sebin) y militar (DGCIM), así como la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional.
El informe también apunta a que las declaraciones de las altas autoridades del Estado han incitado la represión y creado un ambiente de hostilidad y violencia. Otras instituciones mencionadas son el Consejo Nacional Electoral, que falló en garantizar medidas básicas de transparencia e integridad, y la Asamblea Nacional, que ha promovido leyes restrictivas a los derechos humanos y al espacio cívico.
Aunque informes previos de esta misión, creada en 2019, ya habían denunciado graves violaciones de derechos humanos, el nuevo documento resalta que el perfil de las víctimas de la represión se ha ampliado significativamente en el contexto electoral.
Detenciones arbitrarias
Durante el proceso electoral, los abusos también han afectado a ciudadanos que simplemente expresaron su desacuerdo con el gobierno o con los resultados electorales anunciados. Según el informe, en los 10 meses previos a las elecciones, al menos 48 personas fueron detenidas en relación con supuestas conspiraciones, muchas de ellas en el marco de la operación «Brazalete Blanco».
