El Estado ha reforzado las medidas contra el crimen organizado mediante la Ley N° 32138, aprobada por el Congreso de la República y publicada por el Poder Ejecutivo. Esta ley introduce modificaciones importantes a la Ley contra el Crimen Organizado, incluyendo nuevas directrices sobre la diligencia de allanamiento.
Definición de organización criminal
La ley establece que una organización criminal está compuesta por tres o más personas con una estructura compleja y roles definidos que actúan de manera coordinada para cometer delitos como extorsión, secuestro y sicariato, entre otros, que se sancionan con una pena mínima de cinco años de cárcel. El objetivo de estos grupos es obtener beneficios económicos o materiales, ya sea de manera directa o indirecta.
Cambios en el proceso de allanamiento
La norma señala que los allanamientos se realizarán con o sin la presencia del investigado, pero siempre con la presencia obligatoria de un abogado de la defensa pública. Si el investigado solicita su propio abogado defensor, esto no suspenderá la medida, y el allanamiento continuará con el abogado de la defensa pública hasta que llegue el defensor particular.
En situaciones de urgencia, el fiscal provincial puede solicitar al juez el allanamiento de inmuebles fuera de los casos de flagrante delito, siempre que existan razones fundadas. El allanamiento puede incluir la detención de personas o la incautación de bienes relacionados con la investigación.
Rol de la defensa pública
Durante toda la ejecución de la medida, la presencia de la defensa pública es indispensable, y cualquier omisión podría implicar responsabilidad funcional. Tanto la solicitud del fiscal como la resolución judicial deben especificar la finalidad del allanamiento y la participación de la defensa pública.
Esta modificación busca asegurar un mayor control en los procedimientos de allanamiento, garantizando los derechos de los investigados, mientras se refuerzan las medidas contra el crimen organizado.
