El gobierno de Dina Boluarte presentó observaciones a la autógrafa del Congreso que restablecía la detención preliminar en casos de no flagrancia. Estas observaciones limitan la aplicación de la detención preliminar a diez delitos específicos, excluyendo los delitos de corrupción de funcionarios. La propuesta del Ejecutivo sugiere que la detención preliminar solo se aplique a delitos como feminicidio, sicariato, secuestro, violación sexual, robo agravado, extorsión, organización criminal, tráfico ilícito de drogas y terrorismo.
Además, el gobierno plantea que la detención preliminar solo pueda ser aplicada cuando el delito imputado sea sancionado con más de ocho años de prisión, dejando fuera delitos como la minería ilegal, la contaminación ambiental, el tráfico ilícito de migrantes y el financiamiento prohibido de organizaciones políticas. También se establece que los jueces no podrán utilizar los mismos elementos de convicción que motivaron la detención preliminar para dictar una prisión preventiva, y que aquellos magistrados que ordenen una detención preliminar sin motivación adecuada podrían incurrir en prevaricato
