El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) presentó una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo por el golpe de Estado de diciembre de 2022. La denuncia busca inhabilitar a Castillo de la función pública por 10 años. Castillo sigue recluido en el penal de Barbadillo, cumpliendo dos prisiones preventivas. No tiene impedimento legal para postular al Congreso en las elecciones de 2026, ya que no ha recibido una sentencia judicial en primera instancia ni está inhabilitado por el Parlamento. Castillo infringió 29 artículos de la Constitución con el golpe de Estado. La denuncia también incluye a la exprimera ministra Betssy Chávez y a los exministros Willy Huerta, Roberto Sánchez y Gustavo Bobbio. Castillo dio el golpe de Estado ante la imposibilidad jurídica de seguir con actos de quebrantamiento del orden constitucional y como respuesta a actos de corrupción. La denuncia desagrega el mensaje a la Nación que dio Castillo para anunciar el golpe, destacando la infracción de al menos cinco artículos de la Constitución. El especialista en asuntos parlamentarios Alejandro Rospigliosi critica al Congreso por no haber inhabilitado a Castillo de la función pública. El defensor legal de Castillo, Walter Ayala, señala que los partidos de derecha buscan inhabilitar al expresidente por temor a sus posibles resultados en las elecciones de 2026. Además de las infracciones constitucionales, Castillo y otros implicados enfrentan acusaciones por delitos de función, como rebelión y conspiración. La fiscalía ha solicitado 34 años de prisión para Castillo y penas de cárcel para otros implicados. El Poder Judicial evaluará el 21 de enero una solicitud de Castillo para cambiar su prisión preventiva por vigilancia electrónica.
Pedro Castillo enfrenta pedido de inhabilitación por 10 años: estas son las claves de la nueva denuncia en su contra
