El Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso un proyecto de ley que busca imponer penas de prisión de seis a diez años a los extranjeros que regresen al país ilegalmente o con documentos falsos, tras haber sido expulsados por cometer un delito o recibir una sanción administrativa firme. Esta propuesta modifica el artículo 303-C del Código Penal, aumentando las penas para el reingreso clandestino e ilegal de migrantes, que anteriormente oscilaban entre dos y cuatro años de prisión.
El proyecto de ley también plantea duplicar las penas para el tráfico ilícito de migrantes, imponiendo entre ocho y doce años de cárcel a quienes promuevan, financien o faciliten el ingreso o reingreso ilegal de personas al país con fines de lucro. La pena será de diez a catorce años cuando el delito se cometa abusando de la función pública, cuando el agente sea promotor de una organización social, tutelar o empresarial, cuando haya varias víctimas, o cuando la víctima tenga entre 14 y 18 años. La misma pena se aplicará cuando el delito sea cometido por más de dos personas o cuando el agente tenga una relación cercana con la víctima, como cónyuge, conviviente, tutor, curador, pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o si habitan en el mismo hogar.
El Ejecutivo sostiene que, ante el aumento de la delincuencia común y organizada extranjera, es necesaria una respuesta firme del Estado. Además, enfatiza la importancia de fortalecer las medidas de control, especialmente en la frontera de Tumbes, para reducir los índices de inmigración ilegal. La iniciativa destaca que la pena actual para el reingreso clandestino o ilegal, de dos a cuatro años, casi nunca se aplica de manera efectiva, por lo que se propone el incremento de la sanción penal.
El proyecto de ley se basa en el principio de interés general y en la necesidad de mejorar las condiciones de vida de la sociedad, expresadas en el orden migratorio y en la seguridad ciudadana. El Estado peruano ha enfocado sus esfuerzos en una regulación más estricta de la formalización migratoria, consolidando el marco jurídico migratorio y permitiendo un mayor control sobre el territorio y los recursos desde una perspectiva penal, sin contravenir los tratados internacionales.
