El Congreso de la República aprobó la restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia, una medida que había sido observada por el Ejecutivo en enero pasado. La decisión fue tomada con 86 votos a favor y seis en contra, a pesar de los intentos dilatorios de la bancada de Perú Libre, liderada por el prófugo Vladimir Cerrón.
La medida permitirá nuevamente la detención preliminar de personas vinculadas a casos de corrupción, violación, robos, secuestros, asesinatos y otros delitos, incluso si no son sorprendidas en flagrancia. Esta norma no incorpora las modificaciones propuestas por la presidenta Dina Boluarte.
Durante el debate, la congresista Norma Yarrow (Renovación Popular) afirmó que los voceros de las bancadas solo firmaron tras verse presionados por la opinión pública. Su declaración hacía referencia al asesinato de un hombre en la estación Jorge Chávez de la Línea 1 del Metro de Lima, en Surco.
El vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, intentó postergar la decisión al solicitar un cuarto intermedio para que el dictamen regresara a la Comisión de Justicia. Argumentó que se debía delimitar los delitos por los cuales se podría ordenar la detención preliminar. Sin embargo, su planteamiento no fue acogido por el presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita.
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, ordenará directamente la publicación de la norma en el diario «El Peruano», sin necesidad de enviarlo nuevamente al Ejecutivo. Con su entrada en vigencia, se permitirá nuevamente la detención preliminar de personas vinculadas a casos de corrupción, violación, robos, secuestros, asesinatos y otros delitos, incluso si no son sorprendidas en flagrancia.
La aprobación de esta medida ha generado un intenso debate sobre la legalidad de las detenciones preliminares y la protección de los derechos de los acusados en procesos judiciales. La resolución del Congreso será crucial para determinar el curso de la justicia en el país y su posible impacto en la política peruana.
