La reciente restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia ha generado preocupación en el Gobierno de Dina Boluarte. Esta medida, que había sido eliminada anteriormente, permite a la Fiscalía actuar de manera inmediata en casos de corrupción, como el caso Qaliwarma, que involucra a altos funcionarios del actual régimen.
El vocero presidencial, Freddy Hinojosa, y el exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, se encuentran entre los principales investigados en este caso. La Fiscalía allanó la casa de Hinojosa, pero no pudo detenerlo debido a la eliminación previa de la detención preliminar. Con la restitución de esta medida, los fiscales podrían solicitar al Poder Judicial medidas de restricción de libertad para los implicados, siempre que puedan sustentar la necesidad de esta medida y la existencia de riesgos verificables para el avance de las investigaciones.
El abogado penalista Andy Carrión señaló que la detención preliminar podría ser utilizada en las próximas horas o días contra Hinojosa y Demartini, quienes están siendo investigados por presunta organización criminal, colusión y cohecho. La Fiscalía también se vio limitada anteriormente al solo poder solicitar un impedimento de salida del país contra Demartini.
La restitución de la detención preliminar incorpora dos modificaciones clave respecto a su aplicación anterior. En primer lugar, establece un criterio más restrictivo para su uso, exigiendo la existencia de elementos probatorios concretos que justifiquen la privación de la libertad de un sospechoso. En segundo lugar, se ha reforzado la exigencia de motivación por parte de los fiscales y jueces, quienes deben demostrar con mayor precisión el riesgo de fuga o el peligro de obstaculización de la investigación.
El Congreso justificó la eliminación de la detención preliminar en casos de no flagrancia argumentando que se había convertido en una herramienta de abuso y arbitrariedad dentro del sistema de justicia. Sin embargo, la restitución de esta medida ha revivido el debate sobre su uso y la necesidad de garantizar que se aplique con criterios claros y sin vulnerar derechos fundamentales.
El abogado penalista Fernando Ugaz advirtió que el problema no radica en la norma en sí, sino en su aplicación. La detención preliminar debe cumplir ciertos requisitos: la existencia de elementos razonables sobre la comisión del delito y la presunción de riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación. A pesar de las críticas, la restitución de la detención preliminar es vista como un paso importante para combatir el avance del crimen en el país.
